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diana.fuentes@eluniversal.com.mx
En la Ciudad de México sancionarán con mayor rigor el delito de feminicidio con penas de 40 a 60 años de prisión y de 500 a mil días de multa.
Esto, luego de que el pleno de la Asamblea Legislativa aprobara ayer un dictamen a la iniciativa de ley para reformar el artículo 148-bis del Código Penal local para homologar este delito como se estipula a nivel nacional, incluidas las penas carcelarias.
La propuesta proviene de Leonel Luna y Elizabeth Mateos (PRD), quienes detallaron que con la modificación también se plantea agregar una sanción monetaria e incorporar un criterio similar al del artículo 125 que consiste en la pérdida de los derechos sucesorios del sujeto activo respecto de la víctima.
El Mapa de Feminicidios en la capital del país, elaborado por la geofísica María Salguero, alerta que las delegaciones donde se cometen más de estos delitos son Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Xochimilco y Álvaro Obregón.
De 2015 a 2017 se han iniciado mil 640 carpetas de investigación por feminicidio, de acuerdo al reporte Información Delictiva y de Emergencias con Perspectiva de Género del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Hace unos días, el también asambleísta del PRD Iván Texta señaló la urgencia de establecer protocolos que obliguen a los agresores a recibir tratamiento y atención sicológica.
“Triste que haya una constante en los casos de mujeres asesinadas; un gran porcentaje había denunciado antes a su agresor, o bien, ellos tenían antecedentes de violencia familiar con anteriores parejas y no se les dio el tratamiento necesario, lo que les permite seguir dañando a las mujeres con las que se relacionan”, insistió.
El dictamen fue remitido al jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial e incluso para su difusión en el Diario Oficial de la Federación.
Durante la discusión del dictamen la vicecoordinador de Morena en el órgano legislativo, Beatriz Rojas recordó que desde octubre pasado también presentó esta iniciativa.
Comentó que en su propuesta planteaba sanciones para las personas servidoras públicas que retarden, entorpezcan o por negligencia la procuración o administración de la justicia.
