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Restan sólo ocho días determinantes (dos a la semana) para que concluya el último periodo ordinario de sesiones y la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México deberá desahogar más de ocho iniciativas en proyecto de dictamen y cuatro en proceso de estudio —de un solo grupo parlamentario cuando son siete—, además de sacar adelante todo lo concerniente al Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU) y a las designaciones del Sistema Local Anticorrupción que involucran alrededor de 162 nombramientos.
Mientras esto sucede, el recinto de Donceles y Allende ya se sumó al rezago que atraviesan algunos congresos locales que han dejado acéfalos nombramientos de piezas fundamentales para combatir el tema de corrupción como es el Instituto de Transparencia.
El presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, Ernesto Sánchez, ya había alertado que de no conformar el nuevo instituto, habría cierto “hoyo negro” en los procesos de información por el cúmulo de recursos y peticiones que se dieron después del sismo del 19 de septiembre pasado.
De cara a este retraso, hace seis días la vicepresidenta de la Comisión de Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas Parlamentarias, Dunia Ludlow, remitió al presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, Luis Gerardo Quijano, un oficio para solicitarle una excitativa a Sánchez Rodríguez a fin de dar cumplimiento a los lineamientos de “Máxima Publicidad” en los procesos de ratificación, designación y selección de servidores públicos que integran el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.
Para algunos diputados que esta vez no buscarán otro cargo en el servicio público, atribuyen que no dará tiempo legislativo para sacar adelante todos estos temas.
“Hay personas que le están dando prioridad a lo político en lugar de lo técnico, ya venció hace dos días el plazo para nombrar a estas personas y aún no existe acuerdo de quién debe ocupar estos cargos”, cuestionó Ludlow Deloya.
Dentro de las iniciativas que están en proyecto de dictamen, destacan reformas a la Ley Ambiental de Protección a la Tierra; la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Protección de los Animales, en materia de renovación de los Zoológicos.
Desde que fueron presentadas en comisiones, el Partido Verde Ecologista desconoce a la fecha si se concretará la transformación de los zoológicos en Centros de Conservación de la Biodiversidad y de Educación Ambiental, en los cuales sólo vivirán especies en peligro de extinción o aquellos que provengan del rescate por maltrato o posesión ilegal.
Hasta ahora también están en la congeladora reformas al Código Fiscal en materia de recaudación por certificaciones de venta de mascotas. Contempla que la recaudación por el pago por los servicios de autorizaciones y certificaciones de venta de mascotas sean destinados al Fondo Ambiental Público que administra la Secretaría de Medio Ambiente a través de la Agencia de Atención Animal, para que estos recursos se apliquen directamente a la investigación y programas de educación, capacitación y difusión de mecanismos de protección.
Otro tema donde aún no hay claridad en su aprobación y que podría quedar en la congeladora, es el Programa General de Desarrollo Urbano (PGDU)