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La segunda demolición parcial del Colegio Enrique Rébsamen, cuyo colapso durante el sismo del 19 de septiembre provocó la muerte de 19 niños y siete adultos, fue suspendida tras la protesta de los padres de los menores de edad, quienes se atrincheraron al exterior del inmueble, pero también porque un juez otorgó un amparo a los abogados de la dueña del inmueble, Mónica García Villegas, quien tiene orden de aprehensión y no ha sido localizada.
A la par de la protesta de los padres de familia y la decisión del Gobierno de la Ciudad de aplazar la demolición, también ayer se conoció que los defensores de Miss Mónica promovieron un amparo y una jueza congeló la orden de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina de demoler parcialmente el inmueble, pues según peritajes, pone en riesgo los edificios aledaños.
La juez fijó fecha de audiencia para el 12 de julio y determinará si se otorga o no la suspensión definitiva por lo que la PGJ deberá argumentar la demolición.
Desde el jueves por la noche, los familiares de los fallecidos externaron su inconformidad en un oficio de la Fiscalía de Tlalpan en el que se ordenaba que a las 10 horas de ayer iniciaría la demolición de los edificios ubicados en Rancho Tamboreo 11 y 19, lo que aseguraron, podría destruir evidencia clave en la investigación por la obra irregular.
Con pancartas de “No a la eliminación de evidencia”, 15 padres de familia y amigos se mantuvieron en la calle para esperar a la fiscal, Alicia Rosas, quien explicó que el retiro de escombros no afectaría la investigación en curso.
De acuerdo con un peritaje estructural, estos escombros se han desplazado 14 centímetros hacia la unidad habitacional de un costado, lo que pone en peligro la seguridad de las 19 familias que ahí residen, explicó el ingeniero Máximo Romero, quien acompañaba a la fiscal.
Sin embargo, las protestas de los padres continuaron y la funcionaria anunció que las obras se suspenderían hasta un nuevo aviso y en espera de reuniones de trabajo conjuntas para discutir el avance de las investigaciones.
Luego de su manifestación, los familiares acudieron al edificio sede de la procuraduría capitalina, ubicado en la colonia Doctores, para reunirse con el titular de la dependencia, Edmundo Garrido.
“Hemos establecido un canal de comunicación específico para que fundamentalmente no se altere la evidencia relativa al procedimiento penal o la carpeta de investigación, entendemos ahora con mayor transparencia que tendrán que hacerse ciertos trabajos por el bien común y por el interés del edificio vecino”, expuso Francisco Riquelme, representante de los padres.
Claudia Sheinbaum, virtual jefa de Gobierno, solicitó al actual mandatario, José Ramón Amieva, detener la demolición del colegio hasta que los familiares estén bien enterados de los peritajes.
