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Debido a que hay dudas sobre el Fondo de Prevención de Desastres de la Ciudad de México , así como por la certificación internacional y licencias de construcción tipo B, la Comisión de Administración Pública local se declaró en sesión permanente.
La presidenta de dicha Comisión, Guadalupe Chavira de la Rosa, aclaró que ambos temas forman parte de la iniciativa de la Ley de Establecimientos Mercantiles y la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos , que presentó la jefa de Gobierno el 8 de septiembre pasado.
Cabe precisar que la Ejecutivo local propuso modificar la denominación de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y de la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en el Distrito Federal, así como reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, así como del Código Civil para el Distrito Federal.
Por ello, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Margarita Saldaña Hernández, turnó la iniciativa para su dictaminación a las comisiones unidas Administración Pública Local y la de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, que encabeza el panista Héctor Barrera Marmolejo.
Incluso, por la mañana, este último legislador, en conferencia de prensa virtual, anunció que Morena “pretende otro albazo”, pues propondrá desaparecer el Fondo de Prevención de Desastres en la capital, motivo por el que, al parecer, los integrantes de dichas comisiones decidieron declararse en sesión permanente , hasta aclarar ese y otros puntos de los que tienen “dudas”.
Chavira de la Rosa rechazó tal “albazo”, aunque consideró que la propuesta en análisis -sobre el citado Fondo-, “es positiva y debe ser aprobada con modificaciones, para lo cual será sometido para la consideración del Pleno de este órgano legislativo”, pero al no existir consenso, fue por lo que decidieron esperar.
Recordó que la Constitución de la Ciudad, establece que la sustentabilidad y prosperidad de ésta, dependen, entre otros, de su infraestructura, servicios y equipamiento, por lo que es menester que el marco legal vigente, sea acorde con la protección, respeto y garantía de los de los derechos humanos, como la guía y principio de toda actividad institucional.
“Una Ciudad Segura, es uno de los derechos reconocidos por nuestra Constitución, lo cual implica que toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la Protección Civil y a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénicos”, comentó la morenista.
En esta tesitura, recordó que el 5 de junio de 2019 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, misma que entró en vigor el 5 de agosto del mismo año, la que aborda el tema como un proceso que involucra diversas fases, como la planeación, participación, evaluación y la toma de decisiones.
En general, dijo Chavira de la Rosa, propone diversas adecuaciones y precisiones, con el objeto de que este ordenamiento pueda aplicarse de manera adecuada y coadyuvar con el decrecimiento de los riesgos y vulnerabilidades de la Ciudad.
De igual forma, comentó, derivado de la transversalidad de la materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la jefa de Gobierno propone adecuaciones a la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos para el Distrito Federal, con las cuales busca exista congruencia normativa en las obligaciones a cargo de los particulares.
“El objetivo es garantizar la integridad de todas las personas, de mejorar y controlar el riesgo en los sectores públicos, privados y sociales, la homologación de criterios para lograr una Ciudad segura”, reiteró la legisladora.
Ante ello, “derivado de estudios profundos y analíticos, la iniciativa es fundada y motivada, considerando mejorar la redacción del proyecto, cuidando la técnica legislativa parlamentaria y realizando ajustes en algunos artículos que tienen que ver con congruencia normativa y homologación de leyes afines”, argumentó.
Además, de la presunta desaparición del Fondo de Prevención de Desastres, también no está aclarado el Registro de Manifestación de Construcción Tipo B de la Unidad Normativa de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), que lo contempla como un trámite que se realiza para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación de uso no habitacional o mixto de hasta cinco mil metros cuadrados hasta 10 mil metros cuadrados con uso habitacional.
Ante esto, señaló la diputada de Morena, la sistematización de bajo, mediano y alto riesgo se perfecciona con tres ejes primordiales, además de adicionar dos numerales al artículo 58 Bis, donde clasifican los establecimientos conforme al aforo y superficie de los mismos.
Asimismo, en el artículo 58 Ter, que describe y establece de acuerdo a la actividad de los establecimientos, en correlación con el artículo 14, fracciones XLIV Bis y XLIV Ter, respectivamente, establecen que corresponde a la Seduvi expedir los lineamientos para la elaboración de Estudios de Riesgos y las Normas Técnicas en materia de alertamiento ante cualquier tipo de fenómeno, refugios temporales, centros de acopio y en general aquellas que sean necesarias.
Sin embargo, la Ley Orgánica de las Alcaldías establece que éstas son el órgano político administrativo dotado de atribuciones, para que de forma exclusiva pueda vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento en metería de Protección Civil, con fundamento en la Constitución Política de la Ciudad de México, “por lo que no están claras las facultades de la Seduvi y Alcaldías", afirmó.
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