Andrés Lajous Loaeza, titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), dijo que se ha solicitado información y que se pidió a los conductores de aplicaciones que siguieran ciertos lineamientos; sin embargo, externó, las empresas han presentado amparos para contrarrestar las solicitudes.
Explicó que el registro de conductores y la verificación de vehículos son algunas de las solicitudes ante las cuales las aplicaciones se han amparado. En la última, dijo, se le dio la razón a la Semovi.
Comentó que aunque existe la plataforma Mi Taxi, en la que se han registrado al menos 55 mil taxistas, las exigencias de un trato igualitario continúan por parte de los agremiados de este sector, pues el pago que deben hacer por trámites como revista, alta y baja de servicio y cajones de base, según los choferes, los pone en desventaja y representa una baja económica.
Luego de la manifestación de ayer por la tarde, el Movimiento Nacional de Taxistas (MNT) estableció que una de las peticiones más importantes a las autoridades del Gobierno local y federal es que se les califique como un servicio público y no privado.
Ignacio Rodríguez, presidente del MNT, expresó que “el servicio por apps es ilegal y, al ser ilegal, la autoridad tiene la responsabilidad y obligación de hacer cumplir la ley vigente, que establece que cualquiera que está dando el servicio de transporte de pasajeros sin concesión está cometiendo un delito, y ese delito es el de transportación ilegal de pasajeros”.
Recordó que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en un foro del Gobierno de la capital, y funcionarios del Departamento Jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en las mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación reconocieron que el servicio de estas aplicaciones cumple con las condiciones para ser considerado como público.
Las autoridades capitalinas dijeron que darán seguimiento a los juicios.
