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Las mujeres que trabajan como escort o que ofrecen servicios sexuales en redes sociales son víctimas de una nueva modalidad de trata e incluso extorsión de parte de “enganchadores”, quienes las contactan aún trabajando de manera independiente y les ofrecen trabajo; sin embargo, nunca les pagan por los servicios que ya prestaron.
Así lo denunció el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que atendió, en lo que va del año, cuatro casos que ya son investigados por la procuraduría capitalina. Según la organización civil, la diferencia con el modo común de operar el delito de trata, es que ahora a las mujeres se les contacta directamente en sus perfiles de redes sociales.
En esta modalidad nunca tienen contacto en persona con el tratante o explotador, todo el proceso se da a través de las mismas redes; por esto, según las denunciantes, desconocen si la promoción de sus servicios después es usada en alguna página web, como ha sucedido con la página de zonadivas.com.
El modus operandi es enganchar a mujeres de entre los 18 y 24 años, a través del perfil en una red social, en las que de antemano las víctimas se anuncian como escort, y es cuando son contactadas por quien se identifica como una mujer, quien les dice que trabajen con ella e, incluso, llegan a concretar encuentro sexuales con una lista de clientes que ofrece.
Si las jóvenes aceptan, se les ofrecen 5 mil pesos y a cambio, tienen que entregar un portafolio de fotografías, con éstas les explica la “enganchadora” se consiguen buenos clientes. Después de dos días de plática y de que se ganaron la confianza de las escort, les concretan la primera cita; sin embargo, cuando las jóvenes llegan a dar el servicio el cliente les dice que ya pagaron.
En ese momento es cuando se dan cuenta de que las engañaron, después, la “enganchadora” se vuelve a contactar para disculparse e invitarlas de nuevo a dar servicios sexuales, al negarse, la explotadora, las amenaza con hacer público a lo que se dedican.
Les advierten que las fotografías se la harán llegar a sus familiares, mostrarlas públicamente o causarles daño físico si no acceden a dar los servicios sexuales. Acorraladas, las mujeres continúan brindando los servicios sin recibir un pago y bajo intimidación. Actualmente, los cuatro casos están bajo investigación de la autoridad.
