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Un médico del Hospital General de Iztapalapa, de la Secretaría de Salud capitalina, acusado de violar a una paciente con insuficiencia renal terminal y después le negó el servicio de hemodiálisis para evitar que denunciara los hechos, fue detenido y trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, luego de que se ejecutara una orden de aprehensión en su contra.
Agustín “N”, de 45 años, médico nefrólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y quien además laboraba en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), evitó varios meses ser capturado, hasta el jueves 8 de agosto, cuando agentes de la Policía de Investigación de la procuraduría capitalina lograron judicializar la carpeta de investigación CI-FSP/B/ UI-B-2C/D/04263/11-2018D03 por el delito de violación agravada, la cual fue abierta desde 2018 y estuvo a punto de ser archivada.
El pasado viernes, el juez de Control Federico Mosco González, del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa durante la audiencia inicial.
El juzgador le leyó los delitos imputados por violación agravada cometida en contra de Wendy “N”, de 21 años, en abril de 2018, quien acusa que bajo engaños la llevó a la clínica 120 del IMSS, para supuestamente practicarle algunos estudios que descartaran salmonela, debido a que la paciente presentaba un cuadro de diarrea.
De acuerdo con lo asentado en el expediente, al que tuvo acceso este medio, al llegar al lugar el hombre salió de uno de los consultorios, verificó que nadie estuviera presente y la jaló al interior para ultrajarla, sin que ésta pudiera defenderse, debido a su condición vulnerable por la enfermedad.
Tras estos hechos, la víctima quedó embarazada, pero debido a su delgadez y fragilidad tuvo un aborto espontáneo.
Mirna Moreno, abogada de la víctima, dijo que el exdirector de dicho hospital, Benjamín Ortega Romero, tuvo conocimiento de la violación y del aborto, sin que procediera contra del médico; argumentó que era el único nefrólogo, jefe de Servicios de Hemodiálisis, que tenía.
Agregó que las autoridades capitalinas también fueron notificadas del caso desde el 15 de octubre de 2018, cuando llegó a manos del exjefe de Gobierno José Ramón Amieva, mismo que remitió a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) Ciudad, en donde se inició la investigación correspondiente.
Incluso, detalló, desde la llegada de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y de la secretaria de Salud local, Oliva López Arellano, la actual administración tuvo conocimiento de la agresión, así como de otras al interior de dicho hospital, de acuerdo con la abogada.
La litigante contó a este diario que el expediente de Wendy “N” se quedó rezagado y sin avances durante varios meses, hasta que logró juntar las pruebas suficientes para solicitar al Ministerio Público que las contemplara en la investigación.
En entrevista, dijo que detrás de este caso encontró al menos tres más en donde pacientes atendidas en el área de hemodiálisis del hospital le revelaron las agresiones de las que fueron víctimas y que en mayo de este año el hoy imputado dejó de ir a laborar, porque su contrato se acabó. Desde ese mes no se le volvió a ver, hasta que el jueves pasado agentes de la Policía de Investigación lo detuvieron.
La defensa del imputado pidió la duplicidad del término legal, por lo que será hasta este miércoles cuando continúe la audiencia y el juez decida si lo vincula a proceso.
