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A unos días de que Jorge Gaviño dejara su cargo como director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, comerciantes denunciaron que éste autorizó la apertura de 80 locales comerciales en la Línea 12 a una empresa amiga.
El presidente de la Asociación de Locatarios del STC, Roberto Valdez Gómez, dio a conocer un documento firmado por Gaviño Ambriz donde autoriza estas 80 plazas comerciales a la empresa ISA.
Detalló que la empresa propiedad de Hugo Caonu, hermano de Raúl Canou (dueño de ACCO), es beneficiaria de diversas concesiones en la gestión de Gaviño: “La más importante es la construcción de departamentos y centros comerciales en el Metro Villa de Cortés”.
Explicó que se está hablando de la explotación de 78 mil 203 espacios publicitarios en el STC-Metro, a cambio de una contra prestación de 22.7 millones de pesos al mes.
El acuerdo del permiso obliga a ISA a pagar sólo 20% de los 22.7 millones de pesos en efectivo y el resto, en especie; es decir, entrega 4.5 millones de pesos mensuales.
Se sabe que ISA vende los espacios publicitarios desde 150 pesos hasta los 410 mil al mes, de acuerdo con una lista de precios de 2012.
“Es cuestionable que sea un particular el que termina quedándose con las ganancias, a pesar de que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo al principio de su administración que buscaría revertir las condiciones del contrato y a la fecha no lo ha logrado”, refutó.
Roberto Valdez explicó que de acuerdo con cálculos conservadores, el Gobierno de la Ciudad podría recibir por lo menos 100 millones de pesos al mes en publicidad.
Alrededor de 150 locatarios desalojados de los pasillos internos de la denominada Línea Dorada, hace tres años, denunciaron a las autoridades del STC-Metro de violar la ley, pues consideran que pasaron por alto un amparo para concesionar los espacios a una empresa privada para operar negocios en esa zona.
Los locatarios fueron desalojados, por lo que Valdéz recordó que desde hace tres años han sufrido severas pérdidas económicas, pues las autoridades no les dieron una opción de reubicación, obligándolos a buscar la mediación de la justicia: “Están en peligro dos mil empleos entre informales, formales y proveedores; el gobierno habla de generar empleos y a nosotros nos perjudican”.
