La delegación Tlalpan acusó que la denuncia presentada por el PRD en torno al caso del Colegio Enrique Rébsamen tiene tintes políticos y muestra "desconocimiento" de las leyes existentes.
La queja presentada por el líder local del sol azteca, Raúl Flores , señala a la delegada Claudia Sheinbaum y a la dueña de la escuela, Mónica García Villegas , como probables responsables por posible negligencia y omisiones relacionadas con el derrumbe de uno de los edificios del plantel durante el sismo del 19 de septiembre , que dejó 26 personas fallecidas.
En respuesta, la delegación Tlalpan acusó que Raúl Flores "no conoce la legislación existente en la Ciudad de México ni ha revisado los documentos disponibles en el portal de la delegación Tlalpan. Sus motivos no son los de hacer justicia, son políticos.
A través de un comunicado la demarcación a cargo de Claudia Sheinbaum , aseguró que es falso que tuvieran que haber clausurado el Colegio Enrique Rébsamen por falta de programa de protección civil pues la escuela presentó en julio pasado su programa y la delegación hizo una serie de observaciones o prevenciones, sin embargo explicó que la Ley de Procedimiento Administrativo otorga un periodo de tres meses al particular antes de que el programa sea rechazado y se proceda a una sanción.
"El Colegio no recoge su prevención. Sin embargo, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo, la Delegación tenía hasta tres meses contados a partir de la última gestión del interesado para proceder a la suspensión o clausura. Es decir posterior al 31 de Octubre de 2017", expuso la demarcación.
"Ojalá la normatividad fuera distinta para que la delegación hubiese tenido la atribución jurídica para suspender las labores del Colegio", agregó.
Otro de los señalamientos en la denuncia del PRD es que que la delegación debió revisar los dictámenes de Visto Bueno de Seguridad y Operación, al igual que el de Seguridad Estructural por haber modificado las condiciones de uso de suelo.
Al respecto la demarcación reviró que en 2017 y 2014 se recibieron dichos documentos en los cuales los directores responsables de obra que los elaboraron indicaban que no había cambios de uso de suelo además de que los antecedentes de obras de construcción en el Colegio son de 2010, 2013 y 2014 sin embargo las entonces administraciones perredistas "no procedieron a demoler ni a clausurar" por las posibles irregularidades.
Añadió que en los expedientes de la delegación hay licencias de construcción de 1983, 1984 así como documentos de 1987, 1990 y 2003 como son constancias de uso de suelo por derechos adquiridos donde se habla del uso tanto de escuela como de departamentos.
Sin embargo, advirtió que el Instituto de Verificación Administrativa ( Invea ) detectó en enero de 2017 un documento falso de uso de suelo y sólo "conminó" a la escuela a regularizarse en lugar de clausurar.
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