metropoli@eluniversal.com.mx
Activistas, investigadores y defensores de derechos humanos presentaron una demanda penal ante la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJ CDMX) contra autoridades de la Ciudad de México y constructoras para que se investigue se la probable responsabilidad por las muertes, los derrumbes y los daños provocados por el sismo del 19-S.
De acuerdo con un comunicado, el objetivo de la demanda es obligar a las autoridades a investigar los actos de corrupción que pudieron incrementar los daños provocados por el temblor en la capital del país.
La demanda está suscrita por el abogado Luis Pérez de Acha, la doctora Jacqueline Peschard, Mariclaire Acosta, José Octavio López, integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Así como los investigadores y activistas María Amparo Casar, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Edna Jaime Treviño, Alejandro Legorreta, María Elena Morera, Federico Reyes Heroles, José Roldán, Mario Blancas, Carla Altamirano y Carlos Altamirano.
En su demanda los activistas acusaron de homicidio culposo a diversas autoridades de la Ciudad de México, así como de empresas constructoras, desarrolladoras y arrendadoras inmobiliarias, peritos y demás personas que no hayan cumplido con evitar que el otorgamiento de licencias de construcción y de uso de suelo se hayan expedido en forma ilegal.
Así como a faltar a su obligación de supervisar el correcto estado y funcionalidad de los inmuebles, conforme a la regulación en materia de Protección Civil, entre otros delitos.
También demandaron por fraude específico a cargo de las empresas constructoras y desarrolladoras de inmuebles, por utilizar materiales de construcción que no cumplen con los estándares vigentes o bien por defectos en la construcción.
También acusaron uso ilegal de atribuciones por parte de diversas autoridades capitalinas por la expedición ilegal de licencias de construcción y de uso de suelo.
PRD demanda a Sheinbaum. La dirigencia local del PRD, encabezado por Raúl Flores, acudió a la PGJ para exigir el inicio de una carpeta de investigación en contra de la delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, y funcionarios de las administraciones pasadas.
Que supuestamente participaron en actos de corrupción en la expedición de permisos de usos de suelo y de construcción que derivó en la tragedia del Colegio Enrique Rébsamen, que se colapsó el pasado 19 de septiembre. Se incluye también el nombre de Mónica García Villegas, dueña y directora de la escuela.
Raúl Flores dijo que la maestra y los funcionarios de las dos administraciones anteriores en Tlalpan pudieron incurrir en un delito y actos de corrupción al otorgar facilidades para la ampliación del plantel.
La delegada en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, dijo que las actuaciones que hizo están apegadas a la ley.