Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), pidió a las autoridades capitalinas atender la violencia familiar como una medida para prevenir los feminicidios.
En entrevista en la Secretaría de Gobernación, previo a la marcha feminista que ocurrirá esta tarde en la capital, la ombudsperson aseveró que “el 80 por ciento de los feminicidios tienen un antecedente de violencia familiar, generalmente los perpetradores son personas vinculadas a las víctimas y viven en sus propias casas”.
En este sentido Nashieli Ramírez pidió no normalizar la violencia familiar y trabajar en la procuración de justicia de estos casos, con el objetivo de dar “castigos ejemplares” a quienes incurren en agresiones contra mujeres.
Agregó que al mes la CDHCM recibe hasta diez quejas por violencia contra la mujer, por lo cual su institución busca darles protección a través de distintos mecanismos, por ejemplo, vincularlas con autoridades, atención psicosocial y trabajo de acompañamiento.
Por otra parte, la ombudsperson aplaudió que un grupo de mujeres que se manifestó esta mañana en Palacio Nacional fue recibido por Leticia Ramírez, directora de Atención Ciudadana:
“Lo que surja de ese diálogo puede ser o no exitoso, finalmente no importa, lo que sí importa es que estemos estableciendo los diálogos en los que nos podamos escuchar las unas con los otros”.
Y por último también condenó la filtración de imágenes como las del feminicidio de Ingrid Escamilla, además de señalar que este es un problema sistemático en la capital.
“Hace unos meses emitimos un informe donde detectamos que las quejas que teníamos por feminicidios, al menos cuatro de cada diez reportaron filtración de información. En términos de quien filtra las imágenes hay un delito porque es un servidor público y tiene la obligación de proteger los datos de los ciudadanos y porque es una investigación en curso”, señaló.
Nashieli Ramírez participó junto con funcionarios federales en la reunión de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos delitos.