El pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó en lo general y en lo particular, con 45 votos a favor y uno en contra, la llamada Ley Paola Buenrostro para tipificar los transfeminicidios y castigarlos con una pena de 35 a 70 años de prisión.
La capital se convierte en la segunda entidad, después de Nayarit, en reconocer este crimen de odio.
La diputada Ana Francis López fue la encargada de presentar el dictamen que modifica el Código Penal, la Ley de Víctimas, el Código Civil y la Ley Orgánica de la Fiscalía de la Ciudad de México.
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“Desde la perspectiva de género, el transfeminicidio se entiende como una manifestación extrema, extrema de la violencia de género y la discriminación que enfrentan las personas trans en una sociedad que refuerza las normas binarias de género y la cisnormatividad. Legislar el transfeminicidio representa un reconocimiento oficial de esta forma específica de violencia de género, evidenciando su existencia y su gravedad”, expresó.
Este dictamen especifica que comete el delito de transfeminicidio quien, por razón de identidad de género o expresión de género, prive de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género, real o percibida, se encuentre dentro del espectro femenino de género.
Se establece que para las actas de defunción de las personas transgénero, en caso de que sus familiares se negaren a realizar el trámite o pudieren vulnerar su identidad o expresión de género, podrán ser tramitadas por una persona que pertenezca a la “familia social” de la persona transgénero.
Se precisa que, en el caso de la entrega del cadáver de alguna persona transgénero, si este no es reclamado por sus familiares consanguíneos, o en caso de que sí sea reclamado, estos pudieren vulnerar la identidad de género, expresión de género de la víctima o su dignidad humana, el cuerpo deberá ser entregado también a su “familia social”.
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La “familia social” serán aquellas personas que pertenecen al círculo más cercano de la víctima, es decir, amistades, compañeros de trabajo o de vivienda, o cualquier otra que tenga una relación estrecha y reconocida con la víctima.
Al hacer uso de la palabra, el diputado Temístocles Villanueva dejó en claro que se le debe a las mujeres trans justicia, dignidad, visibilidad, memoria, restauración y no repetición.
“Hoy asumimos la responsabilidad histórica que nos toca para dar el primer paso, en el largo camino que nos falta, para lograrlo”, dijo.
Sin embargo, lamentó que esta Legislatura no haya avanzado en otros temas de igualdad de género, como el de las infancias trans.
A la sesión del Congreso acudieron activistas, como Kenya Cuevas, quienes celebraron con lágrimas y gritos de victoria la votación del dictamen que pasa al gobierno.
La organización Letra Ese documentó que en 2023 ocurrieron en la capital del país cinco crímenes de odio, mientras que la Asamblea Nacional Trans/No Binarie (ANTNB) reportó que tan sólo de enero a junio de este año ha habido 10 transfeminicidios.
