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A partir de hoy, en la Ciudad de México, los hechos ilícitos cometidos alrededor de permisos chuecos para construcción ilegales, conocidos como corrupción inmobiliaria, serán castigados con un pena de 10 a 20 años de prisión, con independencia de otras sanciones que se cometan y sentencien, aseguró el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama.
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario capitalino encabezó la ceremonia donde formalizó la modificación al código penal por el que se crea el Capítulo XV y el artículo 276 Quater, décimo octavo del libro segundo del Código Penal que este martes se publicó en la Gaceta de la Ciudad de México.
El mandatario capitalino informó que la nueva tipificación señala que comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que por acción u omisión permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales a los autorizados, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley.
Por las conductas descritas en este artículo, se impondrá una pena de 10 a 20 años de prisión, con independencia de las otras sanciones que procedan por la comisión de otro tipo de delitos.
Leer más: Pena por corrupción inmobiliaria
La pena establecida en el párrafo anterior se incrementará en una mitad cuando las conductas previstas en este artículo produzcan beneficios económicos, ya sea en efectivo o en especie, al propio servidor público, su cónyuge, descendientes o ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, concubina o concubinario, pareja permanente, adoptante o adoptado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa directa, o a socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen parte.
Durante su discurso Martí Batres mencionó que la modificación surgió a raíz del descubrimiento del denominado ¨Cartel Inmobiliario¨ de la alcaldía Benito Juárez, donde se estima que por la construcción ilegal de pisos de más, se obtuvo hasta mil millones de pesos de ganancia.
¨En el caso de las sanciones por el delito de enriquecimiento ilícito, la pena es de uno a 10 años de prisión, por ejercicio abusivo de funciones, de cinco a 20 años de prisión, y por corrupción inmobiliaria la pena es de 10 a 20 años de prisión con dos observaciones: con independencia de las penas que se impongan por otros delitos, porque el mismo funcionario puede ser juzgado por corrupción inmobiliaria y, simultáneamente, por enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de sus funciones¨, sostuvo.
¨Simplemente en el caso de corrupción inmobiliaria, cuando se obtenga un beneficio económico por otorgar permisos para construcciones indebidas, la pena se agrava de 15 a 30 años de prisión¨, indicó.
Recordó que hasta el momento hay 26 funcionarios de la alcaldía involucrados en el denominado ¨Cartel inmobiliario¨, ¨Por si alguien tuviera dudas sobre esta supuesta leyenda, resulta que hay responsabilidades específicas y un conjunto de acusaciones, denuncias y procesos que se están llevando a cabo. Por lo menos, hay más de una docena de órdenes de aprehensión autorizadas por los jueces; 9 detenidos, 4 fugados, algunos muy conocidos, y hay también 4 sentenciados que a lo largo del juicio aceptaron su responsabilidad y admitieron su culpa. En total, hablamos de, por lo menos, 26 funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez involucrados con el cártel inmobiliario y sobre los que se siguen diversas investigaciones¨.
El secretario de Desarrollo Urbano, Inti Muñoz adelantó que ¨ pronto¨, se darán a conocer nuevos hallazgos. ̈Muy pronto vamos a hacer el anuncio de nuevos hallazgos, como el que se hicieron a partir de un incidente
se evidencio toda una trama de corrupción inmobiliaria en una alcaldía, la cual afectó a cientos de personas, que pudieron comprar de buena fe pero que al final resultaron defraudados¨, acotó.
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