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david.fuentes@eluniversal.com.mx
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDH) dio a conocer que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) siguen cometiendo detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos de los imputados en algún delito, por lo que emitió la Recomendación 18/2018 en contra de las corporaciones policiacas para que lo antes posible capaciten y mejoren a su personal.
El organismo ha documentado 58 casos de abusos policiacos —desde 2010 a la fecha— que han dejado un total de 122 víctimas, en todo los casos, a decir de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Nashieli Ramírez Hernández, los policías no respetaron el debido proceso, mantuvieron incomunicados a los imputados y aplicaron fuerza excesiva en las detenciones.
En otros casos se comprobó que las detenciones o restricciones a la libertad se generaron en contextos que no eran estrictamente necesarios y también existió dilación en las puestas a disposición de hasta tres, siete y 11 horas, del mismo modo, se constató que algunos detenidos recibieron tratos crueles e inhumanos, afectando con ello la integridad de las víctimas, sus familiares e incluso de personas menores de 18 años.
Por lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos local exhortó a los titulares de la SSP y la PGJ dos vertientes para erradicar esta problemática que afecta, principalmente, a jóvenes y personas de escasos recursos.
La primera recomendación es capacitar debidamente a todo el personal de campo y, la segunda, sancionar de manera ejemplar a todos aquellos uniformados señalados como “abusivos” para que así se dejen de vulnerar los derechos de los capitalinos en alguna detención.
“Se debe garantizar que toda persona detenida o retenida tiene derecho a que sea llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales; a ser informado de su situación jurídica y de sus derechos, a una defensa adecuada, a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso.
“Esto es esencial para la protección del derecho a la libertad personal y para otorgar protección a otros derechos, como la vida y la integridad personal”, enfatizó Nashieli Ramírez Hernández.
La ombudsperson explicó que las faltas más graves se cometieron contra los derechos a libertad, seguridad e integridad personal, al debido proceso, a la propiedad privada y al acceso a la justicia.
Entre los puntos de recomendación dirigidos a la SSP y a la PGJ destaca la realización de un plan integral individual de reparación para las víctimas directas, el cual deberá contemplar los conceptos de daño material, daño inmaterial, proyecto de vida y las medidas de rehabilitación y restitución conforme a la ley.
