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La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, solicitó al Congreso capitalino un presupuesto con una reducción de 4%.
“De entrada, lo que se aplicó fueron ajustes de austeridad. Por darte un ejemplo, en el capítulo 3000, que es servicios generales, se disminuyeron los celulares de los titulares, ahorros con luz. En uso de consumibles se disminuyó también una parte muy importante porque ya no vamos a estar imprimiendo, haciendo publicaciones impresas, sino que vamos también a utilizar lo electrónico; ahorros en agua, en básicamente lo que son cosas que no impactan sobre la función y que se pueden ahorrar”, comentó la ombudsperson local.
Destacó que para el próximo año solicitó 418 millones 529 mil pesos, lo que representa un ahorro comparado a los 435 millones 448 mil pesos que recibieron el año pasado.
Comentó que en la parte del capítulo 1000, que corresponde a nómina, la mitad de los recursos se van con la desaparición de tres titulares; aseguró que no desaparecerán las áreas.
“Una plaza es la de Comunicación, la otra plaza es la de Tecnologías de Información y la otra es del Servicio Civil de Carrera, que no desaparecen las áreas, lo que hacemos es desaparecer titularidades y con eso tenemos un ahorro muy fuerte.
“Eso es lo único que vamos a desaparecer en términos de plazas, esas son las de superiores”, dijo.
Ante este proceso de austeridad, los trabajadores de la CDH local expresaron su preocupación por sus puestos y exigieron a la ombudsperson que no haya cortes en las prestaciones, además de que sea transparente sobre el presupuesto con los trabajadores del organismo.
Piden más fondos. Por su parte, para el Ejercicio Fiscal de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México solicitó al Congreso local 30% más de lo ejercido en 2018.
El magistrado presidente del poder judicial, Álvaro Augusto Pérez Juárez, indicó que históricamente el Tribunal ha venido manejando un presupuesto mínimo e indispensable.
Expuso que para 2019 se solicita 7 mil 419 millones 744 mil 162 pesos con 68 centavos como mínimo para operar. Argumentó ante los diputados que esta cantidad se presenta bajo la directriz de ajuste a una política de austeridad republicana.
Los legisladores integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública indicaron que el Tribunal tiene una gran responsabilidad respecto del mandato que le fija la Constitución local, la cual entró en vigencia el pasado 17 de septiembre.