Por actos que van desde tortura, detención arbitraria y abuso excesivo de fuerza, la Comisión local de los Derechos Humanos (CDH-CDMX) emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), dependencia a la cual conminó a mejorar los protocolos de actuación al momento de una detención —sobre todo de menores de edad y estudiantes— y de capacitar constantemente a todo su personal.
La Comisión de los Derechos Humanos local ha emitido de 1994 a 2022, por lo menos, 43 instrumentos recomendatorios relacionados con detenciones arbitrarias y/o ilegales, dirigidas a las policías locales.
Ayer, la recomendación 05/2023, se emitió en el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura. Según el expediente del caso, los hechos se registraron el pasado 19 de abril de 2022, cuando personal de la Policía Bancaria Industrial de la SSC-CDMX —adscrita a la Alcaldía Álvaro Obregón—, detuvo ilegal y arbitrariamente a una persona y después la torturó; además ejerció el uso desproporcionado de la fuerza contra un joven.
Entre los puntos recomendatorio del instrumento 05/2023 dirigidos a la SSC-CDMX destaca que lleve a cabo las gestiones necesarias para que las víctimas directas acreditadas como tal queden inscritas en el Registro de Víctimas de la Ciudad de México; dar seguimiento a los planes de reparación integral y realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad.
Durante la presentación de esta recomendación, la titular del organismo autónomo, Nashieli Ramírez, destacó en su discurso que mientras exista la posibilidad de que una detención se torne arbitraria, “la barrera a la acción gubernamental se convierte en esperanza vacía, de la que parece, no hay forma de escapar ante los malos tratos, torturas y amenazas”.
La ombudsperson capitalina explicó que, si bien México cuenta con un marco constitucional y legal sólido que pretende prevenir dicha práctica, en la realidad esta se utiliza únicamente de forma común.
En sus 30 años, la CDH-CDMX ha emitido 79 Recomendaciones principalmente en las que acreditó actos de tortura en contra de 658 víctimas.