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“El proyecto de la Planta de Termovalorización El Sarape se ha convertido en un referente en América Latina por su viabilidad técnica y económica. Cancelarlo enviaría un mensaje negativo para quienes han decidido invertir en él”, advirtió Federico Casares, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Institucionales de Veolia.
“Ha llamado la atención porque no nada más resuelve el tema de la basura, sino además se ha vuelto en un punto de referencia clave en materia de la lucha contra el cambio climático para la reducción que tendrá en la emisión de gases de efecto invernadero”, enfatizó.
A unos días de que se concretara el cierre financiero del proyecto y la firma de los contratos de financiamiento con los ocho bancos nacionales e internacionales que también invertirán en el proyecto, el consorcio fue notificado sobre la suspensión a los efectos del contrato que aprobó un juez el 4 de octubre pasado.
“Evidentemente los bancos, al enterarse de este juicio de nulidad y, ciertamente de las declaraciones del Gobierno entrante, decidieron esperar a que tome posesión [Claudia Sheinbuam] antes de concluir con la firma de los contratos de financiamiento y el otorgamiento de los fondos”, indicó Federico Casares.
Aunque prefirió no mencionar una cifra exacta sobre las afectaciones económicas que implicarían tanto para el Gobierno de la Ciudad como para los inversionistas, aseguró que ésta podría ir de los cientos a los miles de millones de pesos.
Daños económicos
En entrevista con EL UNIVERSAL, el directivo de la firma de origen francés recordó que la construcción y operación de El Sarape asciende a alrededor de 12 mil millones de pesos, de los cuales una “cantidad importante” ya ha sido invertida en fianzas para garantizar la construcción del proyecto, así como en capitalizar la empresa que se conformó.
“De ahí se han estado haciendo todos los pagos sobre el desarrollo del proyecto que tienen que ver con autorizaciones, permisos, proyecto ejecutivo, cierre financiero. Comento esto por la seriedad y el más estricto apego jurídico que hemos tenido con el proyecto, y por lo mismo consideramos que la parte actora deberá también presentar, con la misma seriedad, una fianza para las afectaciones que estamos teniendo”, advirtió.
El juicio de nulidad fue promovido el 29 de junio por un consejo ciudadano de la entonces delegación Xochimilco, dicha suspensión ha sido impugnada tanto por la Agencia de Gestión Urbana (AGU) responsable del proyecto, como por Veolia.
Dicho consejo presentó cinco argumentos en contra: no se presentó un análisis costo-beneficio, su costo es elevado en comparación con un proyecto que se planteó para Hidalgo, significa endeudamiento para el Gobierno de la Ciudad, el costo de la energía que se obtendrá de la termovalorizadora es mayor a la del mercado y daños ambientales.
Federico Casares consideró que estos señalamientos son infundados, el juicio se inició de manera extemporánea, pues el contrato del proyecto con la AGU fue firmado desde mayo de 2017, además de que no existe interés legítimo, pues Xochimilco no es colindante al Bordo Poniente donde se construirá la planta.
Diálogo
La incertidumbre sobre la construcción de El Sarape no sólo se mantiene por este juicio de nulidad, sino también por la advertencia que ha hecho la jefa de Gobierno electa respecto de que será cancelada.
Ante ello, Casares aseguró que las empresas están dispuestas a modificar el proyecto.
“Nuestra mayor voluntad es tener diálogo, concertar las opiniones que hay de ciudadanos, que pueden ser validas, pero sobre todo del Gobierno de la Ciudad de México que encabeza próximamente la doctora Sheinbaum para juntos construir la mejor solución, es decir, consideramos que este proyecto es una parte fundamental de cualquier estrategia que se establezca en materia de gestión de la basura de la Ciudad de México”, dijo.
El directivo dijo que la Ciudad de México se encuentra en el momento adecuado para implementar un nuevo programa de manejo de residuos y no puede seguirlo aplazando.
“Lo que menos queremos tener es esta confrontación jurídica con el Gobierno entrante porque no hay que perder de vista un fin superior que es la necesidad de este proyecto y la importancia que tiene la infraestructura para la gestión de residuos urbanos de la Ciudad de México.
“Pensamos que atacar un proyecto que contribuye a la solución nos desvía del fin último”, agregó.