La diputada local de Morena, Maricela Zúñiga propuso que la Secretaría de Salud capitalina otorgue de manera gratuita los insumos necesarios, como toallas sanitarias, para que personas menstruantes que estén privadas de su libertad, tengan acceso a una menstruación digna.
La iniciativa busca reformar las leyes de Salud y de Centros Penitenciarios de la Ciudad de México para otorgar este derecho.
La morenista señaló que existe una sobrepoblación en los centros penitenciarios de la Ciudad de México, lo que impide una higiene menstrual adecuada, según el estudio denominado “Diagnostico sobre la Gestión del Proceso Menstrual de las Personas Menstruantes y Mujeres Privadas de la Libertad en la Ciudad de México”, elaborado por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred).
“Derivado a esta sobrepoblación, las condiciones de higiene y cuidado menstrual se ven mermadas; en dicho estudio se pone de manifiesto que no todas las personas contaban con los productos adecuados para que su menstruación se llevará en un ambiente adecuado, por lo que tenían la necesidad de utilizar lo que tuvieran a su alcance, desde papel higiénico, trapos, prendas de ropa e incluso llegaron a utilizar cubrebocas”, subrayó.
Y añadió: “Esta iniciativa busca garantizar que las mujeres y personas menstruantes privadas de su libertad tengan acceso a su derecho humano a una menstruación digna; ya que si continuamos invisibilizando las necesidades y obstáculos de las mujeres y personas menstruantes para el acceso a sus derechos les continuaremos desdibujando su dignidad humana”.
Asimismo, indicó que de acuerdo con el informe “Mujeres privadas de su libertad ¿Mujeres Invisibles?” del InMujeres, publicado en junio de 2022, el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos son los estados con el mayor número de mujeres privadas de su libertad a nivel nacional, y el 27.4% de ellas tardo más de dos años en obtener una sentencia.
Dicho informe reveló también que las mujeres que comenten algún tipo de delito por lo general se encuentran en la jerarquía más baja de la organización delictiva, sin contactos ni recursos para enfrentar los procesos judiciales.
A su vez el informe detalla que el 63.8% de las mujeres privadas de su libertad realizan alguna actividad laboral, y el 37.9% obtuvo algún beneficio no monetario consistente en cartas de buena conducta y el 27.9% una reducción en su condena.