En el Congreso de la Ciudad de México se analizan dos iniciativas para endurecer las penas contra los talamontes en la Ciudad de México: una es del jefe de gobierno, Martí Batres y otra de la diputada local del PRI, Tania Larios.
El pasado 10 de julio, el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz, entregó al presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Fausto Zamorano, una iniciativa, enviada por el jefe de gobierno para endurecer las penas contra la tala de árboles en Áreas de Valor Ambiental.
La propuesta busca modificar el artículo 345 Bis del Código Penal local para sancionar con una pena de seis a 20 años de prisión y una multa de seis mil a 10 mil Unidades de Cuenta y Actualización (UMAs), es decir, hasta un millón 37 mil pesos, a quien tale, derribe u ocasione la muerte de uno o más árboles en área natural protegida, Área de Valor Ambiental, barranca, o suelo de conservación.
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Esta misma pena de prisión, además de una multa de 10 mil a 15 mil UMAs será aplicable a quien almacene, transforme, comercie, enajene, suministre, distribuya, acopie, reciba, adquiera, resguarde y/o posea materias primas forestales maderables, madera aserrada o con escuadría y/o madera labrada, con un fin distinto al uso doméstico.
De igual forma, se establece que estas penas se aumentarán a la mitad cuando participen personas servidoras públicas y personas beneficiarias de programas sociales de protección al medio ambiente en estos delitos.
Además, en caso de que las conductas delictivas sean cometidas en nombre y representación de una persona moral, se prohibirá a los representantes y/o apoderados realizar negocios relacionados con la industria maderera por cinco años, y se les impondrá una multa de 30 mil a 50 mil UMAs, independientemente de la responsabilidad en que hubiera ocurrido.
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A la iniciativa del jefe de gobierno, Martí Batres, para combatir la tala ilegal, se suma la de la diputada local.
Tania Larios presentó una propuesta que modifica el Código Penal del Distrito Federal para establecer una pena de cinco a 15 años de prisión y una sanción económica de tres mil a ocho mil veces la UMA para quien de forma ilegal tale, provoque la muerte, transporte, almacene, distribuya o comercie uno o más árboles.
Destacó que con penas más severas para castigar a talamontes, se contribuirá a inhibir el delito de tala ilegal, evitar un desequilibrio ambiental y frenar el ecocidio actual, el cual se estima cobra la vida de alrededor de 100 árboles al día.
sp