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La diputada local del PAN, Patricia Báez Guerrero, planteó ante el pleno del Congreso local endurecer las sanciones penales contra funcionarios que filtren o hagan uso indebido de datos personales durante procedimientos e investigaciones en curso.
Para ello propuso reformar el artículo 299 del Código Penal para garantizar que la información de víctimas, imputados y testigos sea resguardada bajo los principios de privacidad.
El castigo que propone la panista va de dos a ocho años de prisión y de 50 a 300 días de multa al servidor público que difunda o comunique a terceros no legitimados los expedientes de un proceso penal.
Explicó que su propuesta trata de evitar situaciones donde las víctimas sufran de intimidación, escarnio y demérito de su imagen por difusión indebida de información, la cual debió ser resguardada y mantenida en secrecía con base en la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la CDMX y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Báez Guerrero detalló que la norma regula los procedimientos que deberán efectuar las autoridades para garantizar el resguardo de la información personal en los expedientes judiciales y, de manera especial, dispone qué tipo de información debe ser recabada por el sujeto obligado.