La jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para considerar a la extorsión como un delito grave, sin derecho a fianza, y que se persiga por oficio, es decir, sin una denuncia de por medio en la Fiscalía capitalina.
El secretario de Gobierno, César Cravioto, entregó personalmente estas reformas al Código Penal local a la presidenta de la Mesa Directiva, Martha Ávila, y pidió a los diputados locales darle celeridad a esta aprobación para atender este flagelo a la sociedad.
Detalló que, de aprobarse estos cambios, la extorsión dejará de ser un delito meramente patrimonial y ahora será mixto; además se castigará con la misma pena la extorsión y la tentativa de extorsión.
Asimismo, comentó que se proponen diversas agravantes para este delito y que algunas de ellas son cuando se usen menores de edad, cuando participen servidores públicos, y cuando se afecte a comerciantes.
“Para el Gobierno de la Ciudad de México, para la Jefa de Gobierno, atender un tema que le duele tanto a las y los capitalinos es fundamental, y por eso nos pidió a la consejera Jurídica y a un servidor, no sólo que mandáramos la iniciativa, sino que viniéramos personalmente a entregarla para mandar el mensaje de la importancia, no sólo para el gobierno, sino para todos los habitantes de la Ciudad de México, que se atienda este tema”, expuso.
En este sentido, la consejera Jurídica, Eréndira Cruz Villegas, explicó que, al ser un delito penal mixto, la extorsión ya no sólo se verá como un daño patrimonial, sino como un delito del orden social y comunitario con 14 agravantes.
“Esta lógica mixta implica formalmente 14 agravantes para este delito… De manera inmediata, sólo con el hecho de llamar a la línea 555036-3301 de manera oficiosa se pueda generar un proceso inmediato de atención para que se persiga de manera oficiosa para atender a los sectores más vulnerables: a las personas mayores, cuando se use a menores de edad, aquellas extorsiones que se vinculen por cuestiones del orden social, así como aquellas agravantes que tengan una lógica de dolo social, esa es la parte fundamental de estas 14 nuevas agravantes”, sostuvo.
Añadió que con estos cambios buscan que la cobranza ilegítima, conocida como ‘gota a gota’, se homologue al delito de extorsión y se castigue con una pena de 15 años de prisión, sin derecho a fianza. “Lamentablemente es un flagelo que a todos nos afecta”.
Al respecto, Martha Ávila dijo que, sin duda alguna, esta iniciativa tiene por objetivo la construcción de una ciudad más segura, armoniosa y habitable para todas y todos los capitalinos.
“Esta propuesta destaca la voluntad política de la jefa de Gobierno para avanzar en medidas legislativas y administrativas que brinden tranquilidad y seguridad a las familias de nuestra ciudad capital. Estamos seguros de que esta propuesta contribuirá a la resolución de este tema que, seguramente, es una preocupación compartida por la ciudadanía y las diferentes fuerzas políticas representadas en este Congreso”, concluyó.
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