Toluca, Méx.— Imelda, Alejandra y Silvia tienen en común que fueron mujeres liberadas de prisión a través de la amnistía y fueron víctimas de la violencia familiar, física o económica, así como de la pobreza, que derivó en la comisión de un delito por el que fueron sentenciadas.
En estos casos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) promovió el beneficio para estas mujeres y en breve espera obtener dos más, que están en análisis en el Poder Judicial mexiquense.
Silvia dormía con sus hijos y su nieta, cuando ésta última cayó de la cama y pese a que la llevó para su atención médica, nunca le informaron sobre las secuelas del golpe y posteriormente murió. Su hija la acusó de homicidio.
Alejandra sufrió durante 14 años, de manera constante y reiterada por parte de su cónyuge, violencia sicológica, física, sexual, patrimonial, vicaria e institucional; además de estar inmersa en un ciclo de violencia conocido como “síndrome de la mujer maltratada”. Sus hijos también eran violentados.
El 31 de mayo de 2015, cuando intentaba defenderse de dichas agresiones —su victimario portaba una navaja en la mano—, ella tomó un arma vieja y la lanzó a su atacante, momento en que se detonó el arma y mató al sujeto.
Imelda fue sentenciada por el delito de robo con violencia; sin embargo, quedó demostrado que a ella la detuvieron en un acto de discriminación por su condición de extrema pobreza, es la única responsable del cuidado de su hijo que nació con hidrocefalia y síndrome de West, no cuenta con apoyo y no tuvo una adecuada defensa.
En estos casos, los jueces encontraron que no se les juzgó con perspectiva de género y se cometieron actos de discriminación por su condición de pobreza extrema, por lo que se les otorgó la amnistía.
A la fecha, se resolvieron 281 de las 359 solicitudes de amnistía presentadas para mujeres, hay 76 en trámite. De todas las promociones recibidas 122 casos tienen que ver con el delito de robo, 84 por secuestro, 76 por homicidio, 25 por extorsión, 10 por robo simple, ocho por robo sin violencia, ocho están sin precisar, seis por delitos contra la salud, cuatro por violación, tres por daño en los bienes; por asalto, delincuencia organizada, delitos cometidos, desaparición forzada, fueron dos.
De acuerdo con la presidenta de la comisión, Myrna Araceli García Morón, presentó dos solicitudes más, que espera sean resultados en breve por el Poder Judicial. Se trata de mujeres que también tienen coincidencias con las seis anteriores, por ejemplo, “un contexto vulnerable, en estos dos casos son sentenciadas quienes cometieron homicidio agravado por parentesco y el otro un robo con violencia”.
Dijo que es necesario impulsar una nueva perspectiva de género para los juzgadores, pues la mayoría de los casos de mujeres son víctimas de violencia familiar, además de otros delitos, que las lleva a cometer ilícitos.