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El Congreso de la Ciudad de México recibió cuatro iniciativas del jefe de Gobierno, Martí Batres, en materia de renta de viviendas reconstruidas, nuevo límite al hospedaje temporal tipo Airbnb, sanciones por ruptura de sellos y venta de alcohol en la vía pública, y la última para reafirmar el concepto de responsabilidad social del Estado en la Constitución capitalina.
La primera iniciativa modifica el párrafo quinto del Artículo 26 de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México con la finalidad de que una parte de los inmuebles reconstruidos, propiedad del Gobierno, puedan ser comercializados, vendidos o rentados.
La segunda modifica la Ley de Turismo, la Ley de Vivienda y la Ley para la Reconstrucción Integral, todas de la Ciudad de México, para no renovar el registro a aquellos inmuebles que sean ocupados para hospedaje temporal cuando hayan tenido ocupación de más del 50% de las noches del año. “Los inmuebles que no se puedan renovar por exceder el porcentaje anual de ocupación establecido, podrán registrarse nuevamente pasado un año de la negativa”.
Asimismo, se propone que con la finalidad de dotar de certeza jurídica la ocupación de los inmuebles en los programas de vivienda de carácter popular, social y en arrendamiento, se establecerá expresamente que no podrán ser destinados para fines diversos al objetivo del programa; entre otros, no podrán ser utilizados para los esquemas de estancia turística eventual.
Esta misma iniciativa propone que queda prohibido destinar las viviendas que se reconstruyan a otros fines que no sean los objetivos previstos en los programas de reconstrucción; entre otros, no podrán ser utilizados para los esquemas de estancia turística eventual.
La tercera propuesta enviada por Martí Batres es conocida como la “Ley Michelada“, pues propone que sean infracciones contra la seguridad ciudadana, y se castiguen con multa de hasta 30 UMAs, arresto de hasta 36 horas, o trabajo comunitario, la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública, a excepción de aquellos casos ubicados dentro de ferias, romerías o festividades, que cuenten con autorización de las instancias administrativas competentes.
De igual forma, la iniciativa señala que se impondrán de 6 a 12 años de prisión a los propietarios o responsables de una construcción o establecimientos que quebranten sellos de clausura o suspensión de actividades.
La cuarta iniciativa modifica el Artículo 3 de la Constitución local para que el ejercicio del poder se organice conforme a las figuras de democracia directa, representativa y participativa, con base en los principios de interés social, “responsabilidad social del Estado”, la proximidad gubernamental y el derecho a la buena administración.
Estas iniciativas se suman a las otras dos que ya había enviado a esta Tercera Legislatura para crear cuatro secretarias, y dar un apoyo vitalicio a atletas paralímpicos de la Ciudad que ganen una medalla.
vcr
