Las tres iniciativas enviadas por comisiones iniciativas al para modificar diversos artículos de la Constitución capitalina en materia de mejoramiento barrial, propiedad privada y función judicial avanzaron en comisiones.

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Derechos Humanos avalaron adicionar un segundo párrafo al Numeral 2, Apartado G del Artículo 16 de la para que la administración capitalina establezca “programas de mejoramiento barrial, como un derecho al entorno urbano amigable, sustentable, seguro, digno, incluyente, accesible y dotado de espacios y servicios para los habitantes de las colonias y barrios”.

“Busca cumplir con el principio de progresividad de los derechos humanos y sociales para que los ciudadanos ven garantizados la exigibilidad de su derecho al mejoramiento urbano, fortalecimiento del tejido social, mayor seguridad y protección ambiental de las colonias, pueblos y barrios de la Ciudad”, señaló el diputado Diego Garrido, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Ordenamiento Territorial reformaron el Inciso A, Numeral 2 del Artículo 3 de la Constitución capitalina para que la Ciudad asuma como principios, entre otros, “el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

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“Tiene por objeto armonizar el texto de la Constitución local a lo señalado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al tratamiento de los derechos individuales con los derechos sociales y colectivos, relativos al respeto a la propiedad privada como a la propiedad pública y social, en donde, para el caso del conflicto, lo social tenga prioridad sobre lo privado”, indicó Garrido.

Por último, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Administración y Procuración de Justicia adicionaron un segundo párrafo al Artículo 35 de la Constitución la Ciudad para que “en la función jurisdiccional se privilegiarán los principios de igualdad sustantiva, justicia restaurativa y justicia redistributiva, y los fines de la justicia social, a fin de que respecto de los elementos no esenciales en el procedimiento impere un sistema auténtico que garantice y favorezca la tutela efectiva, sin dilaciones indebidas, de los derechos humanos, especialmente, de grupos sociales y personas que se encuentren en situaciones de pobreza, exclusión, marginación, desigualdad, discriminación o desventaja social”.

Estos tres dictámenes y el que se aprobó la semana pasada sobre el costo en las rentas, serán subidos a Pleno este jueves en un periodo extraordinario de sesiones, el último de esta Segunda Legislatura.

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