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La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad un dictamen para castigar con hasta siete años de prisión el robo de mobiliario urbano, como tapas de coladeras o cableado del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Lo anterior es más de los dos a seis años que están establecidos en el Código Penal.
Con 10 votos a favor y cero en contra, los legisladores también avalaron penas de hasta 10.5 años de prisión para quienes cometan estos robos y afecten el servicio del Metro o de cualquier otro medio de transporte.
En sesión virtual, la comisión aprobó el dictamen, que esta misma semana podría ser discutido y avalado en el pleno.
El presidente de dicha comisión, Octavio Rivero, detalló que este dictamen se integró con nueve iniciativas presentadas, entre ellas, la que envió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tras el deceso de las hermanas Sofía y Esmeralda, quienes murieron al caer en una coladera sin tapa en la alcaldía Iztacalco.
De acuerdo con el documento aprobado, se impondrán de tres a siete años de prisión a quien robe equipamiento y mobiliario urbano de la Ciudad de México.
Se entiende por equipamiento urbano al conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario urbano, destinados a prestar a la población servicios públicos como los de agua, luz, seguridad ciudadana, protección civil y transporte público.
En tanto, los legisladores definieron como mobiliario urbano a los elementos complementarios al equipamiento urbano, ya sean fijos, móviles, permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o en espacios públicos que forman parte de la imagen de la ciudad.
Las penas descritas con anterioridad aumentarán hasta en una mitad cuando dolosamente se modifique, obstruya, desvíe, perfore o altere cualquier tipo de maquinaria, instalación o infraestructura de los servicios hidráulicos o de energía eléctrica, y cuando dolosamente afecte o interrumpa el servicio de transporte público en la capital del país.
Además, también se agravarán cuando en el intento de robo o sustracción de tubos, conexiones, tapas de registro, accesorios u objetos de instalaciones hidráulicas, eléctricas, cableado, alumbrado público, gas o cualquier otro que forme parte del servicio público afecte su funcionamiento o altere el estado en el que se encontraba.
EL UNIVERSAL ha publicado que el robo de coladeras ha generado un mercado negro donde las tapas se cotizan hasta en 250 pesos y que la ausencia de esos elementos ha provocado muertes, como en el caso de Sofía y Esmeralda, el pasado 10 de noviembre.
Autoridades tanto capitalinas como federales armaron un grupo de investigación para ir contra los hurtos.
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