La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México aprobó quitar la patria potestad a los hombres que cometan el feminicidio de la madre de sus hijos.
Los legisladores avalaron que, una vez que la sentencia sea firme, los hombres perderán a sus hijos, por lo que las autoridades ministeriales y judiciales, en materia penal, deberán dar aviso a las autoridades jurisdiccionales familiares y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México, a efecto de que determinen las medidas de protección del menor, la cuales deben garantizar su interés superior.
Esta iniciativa reforma y modifica diversas disposiciones del Código Civil y el Código Penal para el Distrito Federal, todas en materia de guarda y custodia, así como de la pérdida de la patria potestad en caso de feminicidio, y fueron suscritas por las diputadas Polimnia Romana, María de Lourdes González, Maxta González, Elizabeth Mateos y el diputado Nazario Norberto.
En marzo, al presentar su iniciativa, la diputada Elizabeth Mateos recalcó que en una Ciudad de Derechos como la capital del país, quienes comentan violencia en relación de género no deben quedar impunes, y tampoco deben estar a cargo de la educación de menores de edad, por representar un peligro potencial a la sociedad en su conjunto.
Recordó que Puebla es el primer estado en reformar una ley para quitar la patria potestad a los feminicidas y suspenderla a quienes son investigadas por este delito. El ejemplo de la Ley Monzón, aprobada en días pasados en esa entidad y que fue inspirada en el caso de Cecilia Monzón, asesinada en mayo del 2022, y cuyo principal sospechoso de su muerte es el padre de su hijo, “nos obliga a replicarla en la Ciudad de México y en todo el país, a fin de hacer un alto a la violencia de género”.
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Por otro lado, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Ciencia y Tecnología del Congreso de la Ciudad de México aprobaron un dictamen para elevar a rango constitucional el acceso a internet gratuito.
En sesión extraordinaria, el presidente de la comisión, el panista, Diego Garrido, explicó que las autoridades capitalinas tendrán la obligación de implementar de manera progresiva la infraestructura de telecomunicaciones para garantizar la autosuficiencia en la prestación del servicio gratuito de internet en los espacios públicos de la capital.
Apuntó que órganos internacionales señalan que el internet es un instrumento insustituible en la realización de una serie de derechos humanos en la lucha contra la desigualdad.
“Con esto se consolidan las bases de una ciudad innovadora y de derechos. Y así los derechos humanos son interrelacionados, interdependientes, indivisibles y universales, y si bien han sido, por definición, inherentes a los seres humanos, es desarrollar que la cuarta, quinta y sexta generación de derechos surgen a partir de las nuevas formas que cobran los derechos de primera, segunda y tercera generación en el entorno del ciberespacio”, apuntó.
Explicó que este dictamen fue resultados de tres iniciativas similares que fueron presentadas en diciembre del 2022 por la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum; por el legislador de Morena, Carlos Cervantes Godoy; y por último, una de su autoría.
Para lograr este acceso a internet gratuito se reformó el artículo 8 de la Constitución Política de la ciudad de México.
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La misma comisión aprobó un dictamen para que el maltrato animal se persiga de oficio y ya no por una denuncia.
Una vez que esta reforma sea avalada por el Pleno y publicada en la Gaceta Oficial, los casos de maltrato animal se judicializarán de inmediato para evitar que queden impunes.
Los legisladores recordaron que actualmente se requiere, ante este tipo de maltrato, que los dueños, tutores o responsables del animal presenten una denuncia, lo que hace que algunos de estos casos queden en total impunidad, pues son cometidos por los propios responsables de estos seres sintientes.
“Los delitos que se cometen en contra de cualquier especie animal no pueden quedar acotados a que se requiera la presentación de una querella por parte de los dueños, tutores o responsables de los mismos, dado que los delitos de este ámbito no afectan únicamente los derechos de estos seres sintientes, sino que trascienden a una afectación generalizada al medio ambiente del que toda persona es parte”, señala el dictamen.
Al respecto, el presidente de la Comisión de Bienestar Animal, Jesús Sesma, se congratuló por la aprobación de este dictamen.
Afirmó que en materia penal no debe haber lugar para interpretaciones, ya que todo debe regirse estrictamente por lo establecido en el Código Penal del Distrito Federal, “por lo que esta reforma viene a dar claridad para que las autoridades como jueces y Ministerios Públicos hagan mejor su trabajo”.
Comentó que el maltrato y la crueldad animal van en aumento en la capital del país, según se desprende de datos aportados por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), por lo que es de suma importancia combatir con mejores herramientas a este delito.
“Para la persecución de los delitos de oficio sólo se necesita la denuncia de cualquier persona y no solo de las que tengan una relación directa con el animal, situación que para combatir el maltrato y la crueldad animal resulta de vital importancia”, subrayó.