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Ante la aprobación a las modificaciones del código penal y de la ley de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, donde además de aumentar las penas a algunos delitos, se busca dotar de instrumentos a las autoridades para mejorar la seguridad, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, Nashieli Ramírez, considera que hay algunas medidas que pudieron razonarse para evitar criminalizar a las personas, pero hay otras que mejorarán la procuración de justicia y la aceptación de la policía.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Ramírez Hernández comenta que el organismo estuvo atento a las iniciativa que envió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y a su proceso en el Congreso de la Ciudad de México, donde presentó las observaciones que consideró necesarias para garantizar que los derechos humanos de los capitalinos se garanticen, pero algunas decisiones fueron tomadas sin considerar a especialistas.
“Nos sentamos con los grupos del Congreso para hablar sobre estas modificaciones y la aprobación de la ley, presentamos nuestras opiniones, pero en algunos casos [los diputados] ya habían tomado sus decisiones”, comenta.
Dice que endurecer las penas en los delitos de robo a celular, a casa-habitación, a cuentahabiente, a bordo de motocicletas, despojo y extorsión no ayudará a disminuir la incidencia delictiva; si no hay medidas integrales, se llenarán otra vez las cárceles capitalinas, advierte.
Expone que las personas que roban celulares o cometen estos delitos son generalmente población juvenil y de bajos ingresos, y aunque se ha incrementado el número de atracos, esto es debido a otros factores que tienen que ver con la economía, por lo que asegura que el Gobierno capitalino debe trabajar en la estrategia de fortalecimiento de la seguridad, misma que se presentó hace unas semanas.
“El mismo Gobierno tiene las herramientas para bajar la incidencia delictiva. En el momento que se habla de las cinco estrategias estas hablando de una visión integral de cómo atacar el problema. Creo que irnos por esa visión es mucho más exitoso”, externa.
No obstante, la ombudsperson comenta que en estas modificaciones se sacó provecho en el caso de los feminicidios, donde las penas pasaron de entre 20 a 50 años de prisión a entre 35 y 70 años; además, consideró favorable la derogación en cuestiones de ataques a la autoridad, tema que estuvo presente en las recomendaciones que emitió la CDH local desde 2015 y en 2016 relativas a marchas.
Sobre la ley de Seguridad Ciudadana, considera que es benéfica para mejorar la imagen de la policía, pues en los últimos años ha perdido persuasión y la confianza de la ciudadanía, generando que los uniformados tomen como forma de control el uso excesivo de la fuerza.
“Creo que esta ley ayuda en la seguridad de la Ciudad. Se requería el cambio, no sólo en la nomenclatura, sino en el de poder definir atribuciones y alcances de la SSC y estrategias de seguridad, es importante porque nos da información sobre el proceso y que conozcamos qué es permitido y qué no”, dice.
Asegura que es favorecedor la presencia de la Guardia Nacional, aunque siguen con la postura de que la seguridad ciudadana no debe ser militarizada.
