De acuerdo al Presupuesto de Egresos, que fue aprobado hace unas semanas por los diputados locales, las demarcaciones que tendrán más presupuesto participativo serán: Iztapalapa (246 millones 467 mil pesos), Gustavo A. Madero (201 millones siete mil pesos), Cuauhtémoc (141 millones 528 mil pesos) y Álvaro Obregón (134 millones 638 mil pesos).
En tanto, Coyoacán dispondrá de 119 millones 279 mil pesos; Venustiano Carranza, 117 millones 753 mil pesos; Tlalpan contará con 115 millones 473 mil pesos; y Miguel Hidalgo tendrá 102 millones 325 mil pesos.
Cabe recordar, que el presupuesto participativo es el recurso que se aplica a proyectos propuestos por los vecinos de una colonia o pueblo, el cual deberá estar orientado esencialmente al fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, que contribuya a la reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes.
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Los objetivos sociales del presupuesto participativo serán la profundización democrática a través de la redistribución de recursos , la mejora de la eficiencia del gasto público, la prevención del delito y la inclusión de grupos de atención prioritaria.
El Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM) aclaró que no tiene facultades para vigilar la correcta aplicación de los recursos del Presupuesto Participativo.
Al dar respuesta por escrito a algunos cuestionamientos de diputados locales, el presidente interino del Tribunal, Armando Ambriz, expuso que son competentes para conocer y resolver, de manera definitiva, impugnaciones en materia electoral de los procesos de participación ciudadana, pero no son competentes si esta impugnación tiene que ver con la erogación del Presupuesto Participativo.
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“Dicha controversia escapa de las atribuciones conferidas legalmente para este Órgano Jurisdiccional, pues acorde con lo establecido por la propia Ley Procesal Electoral local, no existe hipótesis que contemple la posibilidad de que este Tribunal Electoral conozca de actos relacionados con el ejercicio de las autoridades administrativas, es decir, con la vigilancia y supervisión en la ejecución del Presupuesto Participativo , ni mucho menos, con las irregularidades en que puedan incurrir y las sanciones que, en su caso, resulten procedentes”, se informó.
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