Toluca, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer através de un comunicado avances sobre el combate a la extorsión de locatarios de pollo y huevo, derivado de las que la institución ha desmantelado parte de las células a las que atribuyen estos delitos y que son La Familia Michoacana y El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La institución indicó que en el 2023 de un total de 4 mil 10 extorsiones denunciadas en total, sólo una de cada cuatro se realizó de manera presencial y el resto fue de forma indirecta a través de llamadas telefónicas, redes sociales y correos electrónicos y 2 mil 659 fueron telefónicas, 242 por medios informáticos, 97 escritas y mil 12 presenciales.
De acuerdo con análisis de la Fiscalía, la extorsión indirecta, en su mayoría provienen desde Centros Penitenciarios y de Reinserción Social ubicados en Jalisco, Tamaulipas y Ciudad de México, entre otras entidades federativas.
También que 73.2% del total de la incidencia de este delito impactó en 20 municipios de la entidad, primordialmente Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y Naucalpan de Juárez.
Agregó que con las acciones en contra de la extorsión han minado la estructura económica, financiera y patrimonial de los grupos delincuenciales, lo que se cuantifica en pérdidas superiores a 800 millones de pesos, al dejar de percibir 360 millones por operaciones no realizadas y con el aseguramiento de 24 inmuebles con valor de mercado por 440 millones, los cuales podrían ser objeto de extinción de dominio.
Recordó que el Fiscal General de Justicia del Estado de México, en septiembre de 2022, propuso adicionar el artículo 199 BIS al Capítulo Primero “Delitos Contra el Consumo” del Subtítulo Tercero “Delitos Contra la Economía” del Código Penal del Estado para sancionar la coacción que ejercen delincuentes en contra de personas o unidades económicas, para obligarlos a vender o adquirir bienes, insumos o servicios en determinados puntos, así como imponer precios por encima del mercado.
La propuesta fue aprobada por la Legislatura local en el mes de febrero del 2023, y publicada en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” el 10 de marzo del mismo año, con ello tipificado el nuevo marco jurídico y facilitó su persecución, ya que no depende exclusivamente de la denuncia de la víctima, preservando con ello su seguridad e integridad, castigando este delito con penalidades de 6 a 10 años de prisión.
Es así que en junio de 2022, la Fiscalía creó el “Grupo Fuerza de Tarea” conformado por Agentes del Ministerio Público, Policías de Investigación y Analistas, cuya misión es el combate al delito de extorsión en todas sus modalidades, para lo cual cuenta con herramientas tecnológicas adecuadas que facilitan las acciones investigativas y operativas.
Los actos de investigación permitieron identificar las principales células delictivas que participan en la comisión de estos hechos delictivos, las cuales fundamentalmente se dividen en 2 organizaciones –una con orígenes en el estado Michoacán y otra en Jalisco–, así como 14 bandas y 9 sindicatos.
Como resultado de las acciones operativas realizadas desde finales del 2022, fueron detenidos 593 sujetos, 380 de estos en flagrancia y 213 por cumplimiento de orden de aprehensión, todas estas detenciones en relación al delito de extorsión. La efectividad en este rubro aumentó 61 por ciento respecto al 2022, en tanto que la Fiscalía obtuvo sentencias de condena en contra de 274 individuos, lo que representa un incremento del 7 por ciento en el mismo periodo.
En estas acciones, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ha contado con la colaboración del Gobierno de México a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) por medio de la Guardia Nacional (GN), Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE), Comisión Nacional Antihomicidio (CONAHO); y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), así como de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y policías municipales.
Entre las detenciones más relevantes destacó las de integrantes de la célula criminal liderada por Sergio “N”, alias “El Borrego”, sujeto relacionado con un grupo delincuencial con orígenes en el estado de Michoacán, el cual impuso una cuota ilegal de 2 pesos por kilo a comerciantes mayoristas de pollo y huevo, así como de 5 pesos a los minoristas, para entregar lo recaudado a Jonhy Hurtado “El Fresa” y a Alfredo Hurtado “El Pez”.
De la célula delictiva referida, en noviembre del 2022 fue capturado Misael “N”, alias “El Pollo” y/o “El Misa”, quien controlaba las actividades de extorsión en los municipios de Tenancingo, Tenango y Calimaya, así mismo el 17 de enero de 2023 le fue cumplimentada orden de aprehensión a Nabor “N”, identificado como extorsionador, principal acaparador y controlador del comercio de pollo y huevo en los municipios de Toluca, Zinacantepec y Temascaltepec. Ambos sujetos estaban confabulados con alias “El Borrego” para estos ilícitos.
Actualmente, Nabor “N” y Misael “N” se encuentran vinculados a proceso, el primero por su posible intervención en los delitos de homicidio y extorsión, y el segundo por su presunta relación con la extorsión a comerciantes, en tanto que Sergio “N” alias “El Borrego” cuenta con dos órdenes de aprehensión en su contra, por lo que es considerado objetivo prioritario.
También se tiene conocimiento que la célula delictiva de alias “El Borrego” se disputa el control de la extorsión en Toluca y sus alrededores, con la liderada por Óscar “N”, alias “El Pecha”, sujeto que también es objetivo prioritario ya que cuenta con orden de aprehensión en su contra y se tiene conocimiento que extorsiona a comerciantes de los municipios de Metepec, Calimaya, San Antonio la Isla y Mexicaltzingo, además de estar relacionado con otras actividades delictivas.
La disputa que sostienen estas dos células se ha traducido a otros hechos ilícitos, tal y como se suscitó el pasado 5 de julio de 2023, cuando se registró el hallazgo de restos humanos en los municipios de Toluca y San Mateo Atenco, los cuales fueron abandonados con mensajes intimidatorios firmados por Óscar “N”, alias “El Pecha” en contra de otro miembro del mismo grupo delincuencial, identificado como Juan Carlos “N”, alias “El Chino”. Por estos hechos, la Fiscalía identificó y detuvo a once integrantes de la célula delictiva de alias “El Pecha”, entre las que destaca la captura de Ernesto “N”, alias “Winiie” y/o “Comandante Santana”, quien era el principal operador de esta célula delictiva.
Asimismo, destaca la aprehensión realizada de Eduardo “N” el pasado 21 de octubre, quien es hijo de Medardo Hernández Vera alias “El 100” y/o “Lalo Mantecas”, señalado como jefe de plaza y tercer líder al mando de la estructura criminal de un grupo delictivo con orígenes en Michoacán. El ahora detenido era objetivo prioritario al estar presuntamente relacionado con extorsiones cometidas igualmente en agravio de comerciantes de pollo, por lo que actualmente se encuentra vinculado a proceso.
Por otra parte, el pasado mes de diciembre, en acciones distintas, fueron aprehendidos Rodrigo “N”, Daniel “N”, Jesús “N”, Ángel Daniel “N”, Santiago “N” y Nancy “N”, esta última era pareja sentimental de Clemente “N” alias “Ratón” objetivo prioritario de esta Institución por dedicarse a actividades delictivas de homicidio y extorsión y quien cuenta con orden de aprehensión en su contra. Nancy “N” fue detenida en una acción operativa conjunta el día que contraería matrimonio con Clemente “N”, alias “Ratón”, actualmente se encuentra vinculada a proceso.
Rodrigo “N” fue detenido en el municipio de Toluca por su presunta intervención en el delito de extorsión al cobrar cuotas en negocios de pollerías en el Valle de Toluca, además de estar investigado por su probable relación con el delito de secuestro cometido en el mes de enero del año pasado, por estos ilícitos se encuentra vinculado a proceso. En tanto que Daniel “N”, Jesús “N” y Ángel Daniel “N”, quienes eran “pistoleros” de la célula delictiva de alias “El Mala” e igualmente fueron vinculados a proceso por el delito de extorsión.
Santiago “N”, uno de los integrantes de La Familia Michoacana presuntamente involucrado en el secuestro de cuatro trabajadores de una bodega de pollo en Toluca el 22 de diciembre y aprehendido en diciembre pasado, fungía en la célula criminal como responsable de “alinear” a sus víctimas, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
De acuerdo con un comunicado de la institución, donde da cuenta del combate a la extorsión y que el delito redujo en 3.44% durante el 2023, informó que de acuerdo con la investigación sobre la privación ilegal de la libertad de los cuatro trabajadores que permanecen desaparecidos, obtuvieron que la función dentro del grupo criminal de Santiago “N”, alias “Zarigüeya”, consistía en privar de la libertad a comerciantes y trabajadores de pollo y huevo con la finalidad de “alinearlas”.
Este hombre fue capturado el 24 de diciembre cuando conducía una camioneta tipo Explorer, unidad automotora que presuntamente fue utilizada para el traslado de las víctimas y se encuentra internado en un centro penitenciario estatal, en donde se define su situación jurídica.
Adicionalmente, como parte de las acciones de inteligencia esta Fiscalía identificó diversas propiedades relacionadas con actividades de acaparamiento, imposición de precios, extorsión y narcomenudeo, por lo que ejecutó técnicas de investigación de cateo a 24 inmuebles que fueron asegurados en los municipios de Lerma, Otzolotepec, San José del Rincón, Temoaya, Tenango del Valle, Toluca y Zinacantepec.
Las cuatro personas levantadas por integrantes del grupo criminal el 22 de diciembre son: Eliseo Escobar Ramírez, de 47 años de edad, Isidoro Díaz Casimiro, de 40 años de edad, Jaime Ramos Reyes, de 22 años de edad, Rigoberto Colin Consuelo, de 41 años. De ellos, hasta el momento no hay información sobre su paradero, por lo que continúa la investigación.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México aseguró que en conjunto con autoridades federales, estatales y municipales continuará con las acciones operativas para inhibir el delito de extorsión en esta y sus diversas modalidades, entre estas las que afectan al transporte público de pasajeros, así como a actividades comerciales, agrícolas, recreativas y de la construcción, entre otras.