Hace unas semanas, se presentó en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para crear un Protocolo Único de Actuación para todas las empresas de seguridad privada que vigilan plazas comerciales.
Esta propuesta fue presentada por la diputada local del PAN, Gabriela Salido, y en ella se especifica que este documento, que sería emitido por la Secretaria de Seguridad Ciudadana, englobaría los criterios estandarizados y de buenas prácticas que orienten el actuar de los elementos operativos que brindan servicios de seguridad privada.
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“Este debe contener al menos, criterios respecto a la denuncia inmediata por medios remotos, asistencia a la víctima, recolección de datos y medidas protección civil”, se lee.
De igual forma, esta iniciativa subraya que tratándose del personal operativo que sea testigo de un hecho ilícito, como el de Plaza Antara, “deberá apegar su actuación de manera inmediata al Protocolo Único de Actuación que para el efecto emita la Secretaría”.
También se propone que una Unidad de Verificación efectúe de manera exhaustiva la investigación pertinente para comprobar el apego de los elementos de seguridad privada al Protocolo Único de Actuación, y en su caso, dar conocimiento a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ante la posible comisión de un ilícito.
La legisladora subrayó que, como es sabido, el resguardo y seguridad de plazas, centros comerciales, algunos lugares de recreación como museos, teatros, cines, entre otros, en su mayoría están a cargo de empresas autorizadas por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana para que ejecuten funciones de seguridad privada para salvaguardar la integridad de las personas al igual que sus pertenecías.
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“Bajo estas premisas, es necesario que las empresas, por medio de su personal operativo, tengan un control más estricto en el ejercicio de sus funciones y una responsabilidad concreta respecto a su actuar ante la comisión de un posible delito”, precisa la propuesta.
Asimismo, se busca que los elementos de seguridad privada tengan capacitación en primeros auxilios; prevención, combate y extinción de incendios; comunicación, y evacuación.
“Para la comisión de estos delitos que afectan el patrimonio de las personas, el modus operandi requiere de cierta coordinación, lo cual sugiere la implicación de más de una persona. Por ello es necesaria buscar los mecanismos idóneos para reducir el impacto que es estos delitos generan a la ciudadanía”, añadió Salido.