Para evitar abusos en las manifestaciones o bien que los responsables de hechos violentos los acusen de uso excesivo de la fuerza, los policías deberán usar videocámaras, cuya grabación acompañará a su informe y, en consecuencia, prevenir castigos y acusaciones penales al pretender impedir daños a inmuebles, negocios o ciudadanos, así como agresiones en su contra.
Lo anterior lo aprobó ayer el Congreso local, con base en el dictamen que presentó la Comisión de Seguridad Ciudadana, a propuesta de la diputada independiente Leonor Gómez Otegui, para reformar los artículos 27 y 33, así como adición a la fracción V y subsecuentes del artículo 3, de la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza.
El dictamen será turnado a la Cámara de Diputados para presentarlo ante el Congreso de la Unión, dado que la ley es federal, y, de ser aprobada la iniciativa, sería aplicada en las fuerzas policiacas de todo el país.
En sus motivos, Gómez Otegui planteó que los excesos y la brutalidad policiaca durante las manifestaciones no son exclusivas de México, dado que ocurre en todos los países, sobre todo en los llamados países desarrollados, como últimamente ha sucedido en Estados Unidos.
La legisladora independiente estableció en su iniciativa que dada la violencia registrada en las últimas manifestaciones, donde ocurren daños a inmuebles y agresiones a ciudadanos y policías por parte de los integrantes de estas marchas, es necesario documentar por medios audiovisuales la intervención de los uniformados y, sobre todo, las detenciones.
“La presente propuesta no busca que los dispositivos de videograbación o cámaras personales se utilicen para documentar detenciones, sino la actuación policial durante las manifestaciones y reuniones públicas”, aclaró Gómez Otegui.
En cuanto a la legalidad del uso de los dispositivos, dijo, hay antecedentes en la Ciudad de México de que se equipó con más de 12 mil cámaras, tanto en patrullas como uniformes, a la extinta Secretaría de Seguridad Pública, para vigilar la labor policial y cumplir con el nuevo sistema penal acusatorio.
Referente al uso de la fuerza, la diputada independiente comentó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reconocido que los Estados tienen derecho a aplicarla “bajo los principios de legalidad, excepcionalidad y proporcionalidad para respetar los derechos humanos y, sobre todo, por el derecho a la vida”.
