El Congreso local aprobó, con 54 votos a favor y una abstención, la nueva Ley de Educación de la Ciudad de México, que incorporará a partir del próximo ciclo escolar “nuevas” materias, como civismo, reproducción humana, planificación familiar y paternidad y maternidad responsable.
De igual forma, enfermedades de transmisión sexual, prevención y detección temprana del cáncer de mama y cérvico uterino, educación ambiental, cuidado del agua y los animales, además será obligatoria la impartición de clases y cursos en lengua de señas en las escuelas de educación primaria y secundaria.
También contempla que en el caso de la educación primaria, secundaria, la media superior y superior, podrán adoptar las modalidades escolarizada, a distancia, no escolarizada y mixta, entre otras muchas medidas.
Sin embargo, el documento aclara que mientras se lleva a cabo la descentralización de los servicios educativos y la transferencia de los recursos humanos, materiales y presupuestales de la Federación a la Ciudad, entre la Autoridad Educativa Federal y la secretaría suscribirán un acuerdo marco de colaboración.
Esta acción, establece la nueva norma, será para facilitar el trabajo conjunto y cooperativo en todas aquellas áreas y aspectos en que concurran ambas autoridades, por lo que “este acuerdo tendrá fuerza legal, será revisado en forma anual o cuando así convenga a las partes interesadas, e incluirá convenios específicos en áreas de interés mutuo”.
Por lo pronto, la nueva ley establece que ninguno de los grupos rebasará los 30 alumnos y ninguna escuela pública o privada podrá emplear a personal docente o permitir que persona alguna imparta clases, mientras no cuente con la certificación o documento que le acredite para la docencia.
Asimismo, por primera ocasión se reconoce al bullying o acoso escolar como un fenómeno que causa gran sufrimiento y severas repercusiones a las víctimas, tanto a corto como a largo plazos.
Para ello, el Gobierno capitalino y los planteles escolares deberán implementar medidas que garanticen a los alumnos afectados la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, por lo que las escuelas deberá contar con personal de apoyo especializado.