Toluca, Méx.— La Legislatura local aprobó por unanimidad abrogar la Ley de la Comisión de Factibilidad del Estado de México , que elimina el Dictamen Único de Factibilidad (DUF) y regresa las facultades a los ayuntamientos para atender el 70% de actividades de giros comerciales y servicios de bajo impacto de la entidad.
El DUF es un documento de carácter permanente emitido por la Comisión de Factibilidad del Estado de México, sustentado en las evaluaciones técnicas de factibilidad en materias de salubridad local, desarrollo urbano y vivienda, protección civil, medio ambiente, desarrollo económico, comunicaciones, movilidad y agua, previo análisis normativo multidisciplinario.
Este trámite determinaba la factibilidad de la construcción, apertura, instalación, operación, ampliación o funcionamiento de obras, de negocios, inversiones o proyectos que, por su uso o aprovechamiento del suelo, generen efectos en el equipamiento urbano, infraestructura, servicios públicos, en el entorno ambiental o salud, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
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El diputado morenista, Nazario Gutiérrez Martínez , quien promovió la iniciativa, recordó que este trámite no obtuvo los resultados esperados, sobre todo por el cúmulo de trámites a desarrollar para su obtención, lo que se convertía en un obstáculo en la regularización de las unidades económicas del Estado de México, sobre todo, por la suma de obligaciones a cubrir ante las autoridades estatales.
“La realidad es que existen diversas unidades económicas operando de forma irregular, por falta de un marco normativo óptimo y trabas burocráticas que impiden o retrasan el cumplimiento de la Ley”, dijo el congresista.
El proyecto abroga la Ley que crea la Comisión de Factibilidad del Estado de México y deroga diversos artículos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, y deja para la verificación del Estado únicamente el 30% de los giros de alto impacto, que cuenten con una superficie superior a los 3 mil metros cuadrados y representen un riesgo al medio ambiente y a la población, entre ellos; gaseras y gasolineras.
Con el dictamen, el 70% de los giros comerciales serán atendidos por los municipios.
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“Aseguramos que estos deben adquirir mayor capacidad de decisión en la determinación de apertura de las unidades económicas en sus demarcaciones, pues con el conocimiento de las autoridades municipales respecto de sus áreas, espacios y problemáticas sociales, pueden determinar la aprobación de diversas unidades económicas que impulsen sus regiones, en términos de la propuesta legislativa, con ello se reduce de manera importante la carga de trabajo que hoy tiene el Estado”, comentó.
El proyecto de decreto elimina la figura del DUF, pero las verificaciones no se dejarán de realizar, serán a través de facultades y atribuciones de las Direcciones Municipales de Desarrollo Económico o equivalente, y no se dejará en ningún momento de requerir por las autoridades municipales las evaluaciones técnicas necesarias para la construcción, apertura, instalación, operación, ampliación o funcionamiento de obras, unidades económicas, inversiones o proyectos en los municipios, aclaró.
“Estamos seguros que la reforma promueve el impulso económico, el desarrollo de inversiones, la dotación de infraestructura y la mejora de la calidad de vida de los mexiquenses, en un escenario de certeza para los sectores públicos, privados y sociales para el desarrollo comercial”, consideró Nazario Gutiérrez.
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