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Con 10 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó el dictamen de adiciones a los artículos 23 bis y 28 de la Ley de Austeridad , Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.
Por ello, este viernes en sesión virtual con el Pleno será discutida y, en su caso, aprobada por los 66 diputados locales que permite al Gobierno local realizar los ajustes presupuestarios necesarios, para la atención oportuna de cualquier emergencia sanitaria o desastre natural, aunque procederán únicamente en el ejercicio fiscal en que ocurra esta situaciones.
Sin embargo, PAN, PRD y PES criticaron que en el documento, como en la iniciativa que presentó el 30 de mayo pasado la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, carece de número, porcentajes y motivos para modificar el Presupuesto de la Ciudad del presente año.
De allí que el vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño Ambriz –quien no es integrante de dicha Comisión, pero acudió como invitado--, rechazó el argumento que expuso la presidenta de la Comisión, la morenista Guadalupe Morales Rubio, de que “estas reformas son de vida o muerte por la pandemia del Covid-19 ”.
Sostuvo que “afortunadamente no es así, pues de serlo la jefa de Gobierno tendría que decretar estado de emergencia. El problema es que tanto en la iniciativa como el dictamen, no hablan del número de empleos perdidos, de cuántas empresas o comercios cerraron, de cuánto ha gastado. En fin, no habla de lo que ha hecho el Gobierno en esta etapa, pero ahora pide reformas al Presupuesto”, dijo.
Aclaró que la iniciativa es sobre la gestión del gasto gubernamental y no de un estado de emergencia, ya que éste no ha sido decretado en la capital para permitir hacer un uso discrecional del presupuesto.
Además, coincidió con los panistas Federico Döring Casar y América Rangel Lorenzan, así como de Fernando Abotiz Saro, del PES, de que esta iniciativa, a pesar de provenir del Gobierno de la Ciudad, no ha sido explicada por ningún funcionario.
De igual forma, criticó que se pretenda reducir el presupuesto de las alcaldías, que no se especifique en qué usarán los recursos para mejorar la estructura hospitalaria, que quite al Congreso capitalino la facultad de opinar sobre el uso del presupuesto público, y que no se explique claramente en qué consiste una emergencia sanitaria.
Por su parte, el coordinador del PRD, Víctor Hugo Lobo Román, destacó que la iniciativa no es un tema de sensibilidad o de salud, sino de darle legalidad y transparencia al erario público, porque es facultad de los legisladores y, agregó, para tener esa potestad a la izquierda le llevó muchos años, por lo que también criticó que no pone un límite de recursos que podrían redireccionarse, lo que podría dar como resultado un uso discrecional.
Aunque vanos resultaron sus alegatos y de toda la oposición, así como del coordinador de la asociación Encuentro Social (PES), Fernando Abotiz –quien no apoyó a Morena y aliados en la votación--, dado que se impuso el documento que presentó Morales Rubio.
En la presentación de motivos, la morenista sostuvo que la propuesta busca proteger y garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a la vida y la salud, “y que a la fecha el Gobierno de la Ciudad ha tenido que realizar, en estricto apego a sus actuales atribuciones, adecuaciones a dicho Presupuesto”, dijo.
Recordó que la actual Ley de Austeridad determina que los ajustes podrán ser únicamente hasta el 10%, pero si sobrepasa ese porcentaje deberá solicitar la opinión y aprobación al Congreso, aunque eso ocurre en situaciones normales, no por la etapa que atravesamos.
Detalló que tras un minucioso análisis que originó la iniciativa, la jefa de Gobierno decidió realizar una serie de modificaciones, “a efecto de garantizar la constitucionalidad, la división de poderes, así como los principios de transparencia y rendición de cuentas”, argumentó.
Entre ellas, dijo Morales Rubio, es determinar que la Secretaría de Finanzas únicamente podrá ordenar las reducciones al presupuesto de egresos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, “las cuales, en caso de no hacerlo, estará facultada para realizar las adecuaciones necesarias, establecer que los ajustes deberán realizarse en los rubros de gasto, que no constituyan un subsidio entregado directamente a la población”, comentó.
Agregó que en caso de los Organismos Autónomos, así como los poderes Legislativo y Judicial, “a efecto de no vulnerar la división de poderes y su autonomía presupuestaria”, deberán coordinarse con la Secretaría de Finanzas para aprobar adecuaciones a sus presupuestos.
Empero, a diferencia de la iniciativa que presentó Sheinbaum Pardo, prácticamente ordenaba a todos los entes de Gobierno reducir su presupuesto, sin especificar la cantidad, ahora los diputados aprobaron que en caso de que no lo realicen o no resulten suficientes, la Jefatura de Gobierno deberá remitir al Congreso una iniciativa con el monto a reducir.
Con ello, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública tendrá que examinar, discutir y, en su caso, aprobar o modificar en un plazo de 15 días hábiles ese “informe”, a partir del día siguiente al de su recepción.
Asimismo, Morales Rubio indicó que para garantizar los principios de transparencia y rendición de cuentas, mandata que la Secretaría de Finanzas entregue en sus informes trimestrales, un apartado que contenga el monto de gasto reducido, su composición, desagregado por Unidades Responsables del Gasto, así como la explicación a detalle de los fundamentos, motivos y razonamientos de tales ajustes.
“Sin duda, la actual emergencia sanitaria nos está enfrentando a retos sin precedentes. No obstante, estoy convencida que saldremos adelante, mediante un trabajo fraterno y solidario”, insistió la morenista ante los otros 15 diputados asistentes a la reunión.
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