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Con 44 votos a favor (de los diputados de Morena, PT, PVEM y PVEM), ocho en contra y cuatro abstenciones (tres del PRD y una del PRI), el pleno del Congreso local aprobó las modificaciones al artículo 44 de la Constitución de la Ciudad de México, con lo que dan luz verde para la elección del denominado fiscal carnal en la Ciudad.
Vanos resultaron los esfuerzos del PAN y PRD, que por espacio de tres horas intentaron echar abajo la llamada Ley fiscal carnal, aunque el panista Jorge Triana Tena advirtió que por la ilegalidad con que en comisiones unidas fue aprobado el dictamen “existe el riesgo de que en el futuro cualquier abogado invalide carpetas de investigación de todo delito”.
En contra votaron ocho diputados del PAN (no llegaron Mauricio Tabe Echartea, Pablo Montes de Oca y Héctor Barrera); los perredistas Víctor Hugo Lobo, Jorge Gaviño y Gabriela Quiroga, junto con el priista Miguel Ángel Salazar, se abstuvieron.
La presentación del dictamen corrió a cargo del presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local, Eduardo Santillán, quien destacó que para la elaboración del mismo realizaron un análisis completo sobre la figura del titular de la fiscalía.
Aceptó que en la legislación actual existe una serie de contradicciones para ocupar el cargo, que impiden participar en el proceso a jueces y magistrados, y limita a los diputados locales, “por lo cual era necesario hacer los ajustes necesarios”, manifestó el diputado de Morena.
Explicó que el dictamen amplía el impedimento a personas que hayan desempeñado cargos de dirección en partidos políticos o de elección popular, con la prohibición genérica de un año en todos estos encargos.
Los panistas y perredistas dieron la batalla en tribuna argumentando una serie de procedimientos legislativos desaseados desde la aprobación del dictamen; sin embargo, a la hora de la votación la bancada de Morena, con sus aliados del PT, PES y Verde Ecologista, consiguió los votos de las dos terceras partes de los diputados presentes en el salón de plenos para avalar las reformas constitucionales.
Ahora, el Gobierno capitalino debe publicarlas en la Gaceta Oficial para que entren en vigor.