Chilpancingo.—El gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda recibió de la administración del priista Héctor Astudillo Flores un déficit financiero de 3 mil 351 millones de pesos para pagar salarios y aguinaldos en lo que resta del año. Para mitigar la crisis, el gobierno federal ofreció apoyos extraordinarios, pero estos no llegan, al menos, los necesarios.
“No es la ayuda que necesitamos”, dijo el secretario de Finanzas de Guerrero, Raymundo Segura Estrada, cuando se le cuestionó sobre la ayuda extraordinaria que ofreció el Presidente.
Segura Estrada informó que esperaban del gobierno federal una ayuda extraordinaria para Guerrero por 3 mil 400 millones de pesos, pero les ofrecieron “menos de mil millones”.
El 11 de noviembre, Segura Estrada informó que ante la falta de apoyo de la Federación, el gobierno del estado tuvo que solicitar un préstamo por 2 mil 100 millones de pesos a dos bancos privados para pagar las quincenas de noviembre y cubrir parte del aguinaldo de los trabajadores.
Desde un mes antes de que Astudillo Flores dejara el gobierno, trabajadores de casi todas las dependencias comenzaron a protestar por la falta del pago de sus quincenas, prestaciones y bonos. Las protestas concluyeron en los primeros minutos del 15 de octubre, cuando Salgado Pineda tomó protesta como gobernadora.
Astudillo Flores argumentó que la falta de recursos se debió a la reducción en las participaciones federales y a que no lograron recaudar lo que presupuestaron, todo, dijo, como efecto de la pandemia porCovid-19.
En este contexto, el pasado 2 de diciembre, la Secretaría de Finanzas de Guerrero ordenó 22 medidas de austeridad para toda la administración central con el fin de mitigar la crisis. Entre ellas está la eliminación de pagos de trabajadores a través de las listas de raya.
Además, detectaron pagos de rentas excesivos por lugares que tenían “lujos innecesarios”. El documento ordena a las dependencias a renegociar el costo de las rentas o cambiar de local.
También se cancela el pago de servicio celular, se limita el uso de los vehículos oficiales y se pide programar las jornadas laborales para que los trabajadores no permanezcan más tiempo del necesario y así ahorrar energía eléctrica y agua potable.
Asimismo, ordena no realizar gastos que no estén presupuestados ni otorgar “apoyos extraordinarios”. Además, prohíbe la contratación de nuevas plazas dentro de la administración pública y revisar las jubilaciones del gobierno anterior para cancelar las que no cumplan con la antigüedad, entre otras disposiciones.