El pleno del Congreso capitalino aprobó, por unanimidad, que hasta 2030 entren en vigor todos los derechos y las relaciones laborales entre las instituciones públicas de la Ciudad y sus trabajadores establecidos en la Constitución.
Originalmente estas reformas entrarían en vigor este 31 de agosto, pero con la modificación aprobada al artículo tercero transitorio, será hasta el 1 de enero de 2030.
Estas disposiciones que se aplazaron se encuentran plasmadas en el artículo 10, Apartado C de la Constitución local, que entre otras cosas señala que los conflictos laborales serán dirimidos por un Tribunal Burocrático.
También establece que nadie que cuente con sentencia firme por delitos sexuales o sea deudor alimentario podrá ejercer un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni podrá registrarse como candidato.
Fuentes del gobierno local explicaron que con respecto a la Ley 3de3, que es lo establecido en el numeral 11 del apartado C del artículo 10 no está en riesgo, porque ya está en vigor desde 2023.