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Cinco establecimientos con venta clandestina de alcohol que operaban sin permiso como chelerías, tienditas y hasta un autolavado, fueron cerrados durante un operativo de la alcaldía de Álvaro Obregón y el Instituto de Verificación Administrativa (Invea).
Al atender diversas denuncias ciudadanas, las autoridades suspendieron el negocio llamado Código 23, en la colonia Merced Gómez, el cual funcionaba como bar y autolavado.
“Tras realizar la supervisión correspondiente, se descubrió que no cumplía con la ley de establecimientos mercantiles ya que no contaba con los requisitos de seguridad necesarios para brindar el servicio, por lo cual fue suspendido”, precisó la alcaldía gobernada por Layda Sansores.
El restaurante Penthouse, que ya había sido suspendido, fue clausurado en Vasco de Quiroga; en este caso los propietarios tampoco pudieron acreditar su funcionamiento.
En otro punto de la alcaldía se suspendió un establecimiento denominado Ventanita Chio, “el cual tenía un giro distinto manifestado en su aviso de apertura, es decir, este negocio disfrazado de tienda, vendía bebidas alcohólicas”, indicaron las autoridades a través de un comunicado.
Como parte del operativo también se impuso la suspensión de actividades en una casa en la cual se vendían “micheladas” en la colonia Punta de Cehuayo, lo mismo que en el establecimiento llamado Chupa Chela’s, ubicado en la colonia Los Alpes y el cual operaba con un giro diverso al manifestado en el aviso de apertura.
Pierde AO 18 mdp por robo de gasolina. La alcaldía estimó pérdidas de hasta 18 millones de pesos cada año por robo de combustible de vehículos oficiales y señaló a los trabajadores sindicalizados de la demarcación de incurrir en esta práctica.
La alcaldesa Layda Sansores informó, vía Twitter, que tras un operativo encubierto se detuvo a un funcionario.
A través de un video publicado en dicha red social, Sansores mostró el modus operandi, en el cual se observa una camioneta de uso oficial en una estación de gasolina de una empresa con la cual existe un contrato.
Cada vehículo tiene un sensor tipo tag pegado en el parabrisas que cuando lo escanea el despachador le dice cuánta gasolina puede suministrar al vehículo de la alcaldía.
En las imágenes se observa que un despachador empieza a suministrar gasolina a la camioneta e instantes después retira el dispensador, lo mete en un bidón y sin detener la máquina empieza a surtir a un vehículo particular color rojo que se mete a la fila de espera y que se sospecha es un auto propiedad de alguno de los trabajadores de la alcaldía, según autoridades de la demarcación.
La alcaldía señaló que de esa forma los empleados sólo cargan una parte de la gasolina al vehículo oficial y la otra se deposita en vehículos particulares o en bidones, presuntamente para reventa.
Por último, los trabajadores de la alcaldía entregan propinas de hasta 60 pesos a los despachadores.
Ante esta situación, la alcaldía informó que fueron inhabilitados 230 vehículos oficiales —de forma preventiva— para controlar el suministro de combustible.