Andrea salió de Toluca a comprar ropa en el centro de la Ciudad de México el 30 de julio; pero en lugar de conseguir la ropa y zapatos que busca, fue detenida sin motivo en el marco de un operativo en el que policías le sembraron droga y la vejaron , y la Secretaría de Seguridad Ciudadana la difamó.
Andrea fue a comprar tenis y ropa a una vecindad de la calle Jesús Carranza , en la colonia Morelos; cuando estaba ahí, entró la policía y quienes estaban en el lugar corrieron, se brincaron las bardas y huyeron. Ella no se movió, se quedó tranquila porque no había cometido ningún delito.
Pero conforme entraron más agentes, uno, quien no portaba etiqueta con su nombre en el uniforme, y se negó a identificarse, comenzó a insultarla.
“¿Qué carajos haces aquí, no sabes que esta es una zona caliente”. Ella respondió que había ido de compras y la respuesta fue: “pues ya te cargó. Todo Tepito es una zona caliente, así se manejan las cosas y ya te chingaste”.
Una decena de policías le quitaron las bolsas que llevaba, tiraron los artículos al piso y le quitaron el dinero que llevaba.
Siempre entre insultos, la obligaron a desbloquear su teléfono y entraron a sus conversaciones, videos y fotos íntimas . Como encontraron otro aparato en una bolsa, dijeron que los traficantes suelen tener dos teléfonos y siguieron hostigándola.
La obligaron a levantarse la blusa, supuestamente para confirmar que no escondía drogas. Andrea dice que escuchó el sonido de cámaras que le estaban tomando fotos y el que mandaba a los otros la tocó en el pubis.
Luego la acusaron de ser vendedora de droga , y, a una orden del comandante, la arrinconaron en un sitio donde hay una pintura de la Virgen de Guadalupe. Ahí le tomaron fotos, con bolsas de mariguana que no eran de ella, y billetes de 100 pesos que sacaron de su monedero.
No presentaron evidencia ante juez
La SSC envió esa foto a medios de comunicación responsabilizándola de tráfico de drogas aunque, finalmente, ni siquiera la consignaron ni la presentaron con evidencia ante un juez, como establecen la Constitución y el Código de Procedimientos Penales.
Antes de subirla a una patrulla le exigieron 50 mil pesos “para parar la bronca” a lo que ella se negó.
En la agencia del ministerio público en Cuauhtémoc II se le envió con el médico legista, pero este, al ver que tenía tos y flujo nasal, pidió que se le practicara una prueba de Covid en el centro de salud La Pastora.
Al efectuarla y dar positivo, la regresaron a la agencia pero el mp, en lugar de procesarla, también entre insultos le dijo que la iba a liberar.
Tras casi nueve horas de detención, Andrea quedó en libertad.
A contrapelo de lo que señala la Ley del Registro Nacional de Detenciones, no se capturaron en esa plataforma los datos de la detención. No obstante la SSC difundió un boletín con su imagen acusándola de narcotraficante, lo que la mujer considera no sólo una humillación sino un atentado contra sus derechos.
Andrea presentó una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y, vía digital, ante el área de Asuntos Internos de la SSC. En la primera le tomaron declaración y han estado en contacto con ella.
La policía, sin embargo, no le ha llamado.
Entre asustada e indignada, se pregunta cómo hará para limpiar su nombre luego de ser exhibida como delincuente y aún más, cómo sentirse segura cuando los agentes tuvieron acceso a los datos de su teléfono, como su dirección, y pueden atentar contra ella.
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