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Como parte del proceso para designar a la nueva persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso local entrevistó a la aspirante Anaid Valero Manzano, quien sostuvo que los principales desafíos que enfrenta la institución son la dignificación de los servidores públicos y la confianza de la ciudadanía.
Durante su exposición, recalcó que le apostaría a la capacitación del personal operativo para hacer de la Fiscalía un espacio que le sirva a la ciudadanía, y para que los Ministerios Públicos se sientan respaldados de resolverlos casos conforme a derecho, lo que también les daría autonomía institucional. “Si nosotros vamos de la mano con nuestros operadores en este ámbito en particular, podemos generar un cambio a favor de la ciudadanía”.
En este sentido, sostuvo que impulsaría canales efectivos de denuncia para disminuir la cifra negra, y que uno de éstos sería a través de una app de la Fiscalía y por medio de redes sociales para acercar a las personas con la institución.
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Asimismo, indicó que se debe haber módulos móviles para denunciar, mejorar las unidades de atención temprana, y que se deben instalar botones de pánico en tiendas y bancos.
Reiteró que la capacitación es fundamental para crear carpetas de investigación sólidas y confiables.
“Si tú fiscal, si tú Ministerio Público sabes que estás actuando conforme a lo que establece la ley, tu investigación va a ser sólida y va a estar robustecida de legalidad y ante cualquier órgano jurisdiccional se va a poder defender; entonces, no puede haber un poder económico, político, colectivo o de la comunidad que obligue al Ministerio Público a no actuar conforme a la ley”, subrayó.
Valero Manzano apuntó que una de sus propuestas principales, la cual también va enfocada a la capacitación, es que durante una carpeta de investigación el Ministerio Público no solamente investigue para acreditar el hecho y la intervención, sino que también sepa sobre la medida cautelar y la reparación del daño, porque durante las 48 horas en que una persona está detenida, sólo se enfocan en el hecho y en la intervención y al llegar ante un juez no tiene las herramientas para debatir un tema de imposición de medidas cautelares. “Eso no puede pasar, el fiscal debe de tener esa capacidad técnica y probatoria para que en ese momento aporte los datos de pruebe suficientes”.
“El Ministerio Público debe ver de qué forma se le puede reparar el daño a la víctima para que no pase por un procedimiento tortuoso, por el contrario, darle elementos a la víctima para que, incluso, su reparación integral del daño sea también analizada por la Comisión de Atención a Víctimas, que los Ministerios Públicos hagan los procedimientos y les den la calidad de víctima porque no necesitan una sentencia”, puntualizó.
Precisó que se necesita una guía de actuación dirigida a los Ministerios Públicos para así formar criterios uniformes de actuación, al igual que digitalización de expedientes y mejorar las instalaciones de la Fiscalía para que sean un espacio que le sirva a la gente.
Por último, Anaid Valero destacó que este ha sido un proceso público, y agradeció que una ciudadana tenga la oportunidad “que, en su ejercicio profesional, comparezca ante esta Cámara”.
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