Las desapariciones y feminicidios de Nadia Muciño en Cuautitlán Izcalli; Julia Sosa en Ozumba; Diana Velázquez en Chimalhuacán y Daniela Sánchez Curiel en Tlalnepantla, son sólo cuatro casos emblemáticos con los que Amnistía Internacional documentó su informe “Juicio a La Justicia”, en el que señaló las deficiencias en las investigaciones de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México , entidad que hoy ocupa el primer lugar nacional en este delito de género.
Al conocer el informe de Amnistía Internacional , la diputada local Karina Labastida Sotelo coincidió con lo señalado por el organismo no gubernamental y señaló que vale la pena volver a citar a comparecer al fiscal mexiquense, Jaime Alejandro Gómez Sánchez, pues en sus anteriores comparecencias reconoce que falta personal y capacitación y pide más recursos a la Legislatura, quien se lo ha autorizado, pero las omisiones y sobrecarga en las investigaciones por feminicidios y desapariciones continúan.
En el año 2020 los Ministerios Públicos de todo el país registraron 3 mil 723 muertes violentas de mujeres , 403 de ellas en el Estado de México; 940 investigadas en el país como feminicidios, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), indicó Amnistía Internacional.
Este año el Estado de México mantiene el primer lugar en violencia de género con 77 feminicidios, de acuerdo al último reporte del SESNSP, indicó la legisladora.
El fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez informó el pasado mes de agosto, en un encuentro con empresarios de Coparmex Metropolitano, sobre la carga de trabajo que implica atender 358 mil 169 asuntos en el estado más poblado del país, lo que representa que cada agente del Ministerio Público atienda 146 asuntos; 144 por cada policía de Investigación; mil 361 dictámenes por perito; mil 70 certificaciones por médico legista y 30.9 necropsias por médico legista, entre otros datos.
A partir de las desapariciones y feminicidios de cuatro mujeres mexiquenses, Amnistía Internacional documentó su informe “Juicio a La Justicia” , en el que señala las deficiencias en las investigaciones de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México.
Nadia Muciño Márquez
, quien presuntamente se suicidó el 12 de febrero de 2004 en Cuautitlán Izcalli, en la regadera de su casa, caso en el que su madre señaló omisiones y los testimonios de sus pequeños hijos llevaron a la detención en 2012 de su esposo y de su cuñado, quien poco tiempo después fue absuelto.
Julia Sosa
desapareció el 16 octubre de 2018 en Ozumba y fue encontrada por sus hijas sepultada en el rancho que cuidaba la pareja de su madre, el 20 de octubre del mismo año y hasta después de 72 horas de su desaparición personal de la Fiscalía aceptó la denuncia; MP y peritos llegaron hasta el día siguiente al lugar donde las jóvenes encontraron sepultado el cuerpo de su madre, el cual se quedaron solas cuidando más de 20 horas.
Diana Velázquez
de 24 años desapareció el 2 de julio de 2017 en Chimalhuacán, pero en la Fiscalía no aceptaron la denuncia porque no habían pasado 72 horas; el cuerpo de la joven fue localizado el mismo día por policías municipales quienes lo identificaron como si fuera un hombre; el 6 de julio su familia encontró el cadáver de Diana, tirada en el piso del Semefo de Nezahualcóyotl, a donde por iniciativa entraron a preguntar por ella.
Daniela Sánchez Curiel
de 20 años, desapareció el 11 de marzo de 2015 en Tlalnepantla; personal de la Fiscalía empezó a buscar tardíamente hasta julio imágenes de cámaras de seguridad, que sólo se guardan 20 días y seis meses después iniciaron entrevistas a personas de su entorno; y no trataron de geolocalizar su teléfono, revela el informe de Amnistía Internacional entre otras irregularidades.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México tiene este año un presupuesto de 4 mil 627 millones de pesos.
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