Más Información
Ocuilan, Méx.— Integrantes de los Bienes Comunales de San Juan Atzingo, en el municipio de Ocuilan, amagaron con crear grupos de defensa para enfrentar a las células de tala clandestina si en 10 días no llega la Guardia Nacional a esta zona que colinda con Morelos, pues estiman que a la fecha han perdido 18 mil 854 hectáreas de bosque.
Margarito Neri, presidente de los ejidatarios tlahuicas, estimó que en lo que va del año han sido devastados 36 parajes de bosque debido a dicha práctica irregular y al menos cuatro de las siete lagunas de Zempoala están secas, puesto que ya no se genera agua en la región.
Afirmó que a diario son derribados entre 300 y 400 árboles que se llevan a aserraderos mexiquenses y de otros estados.
“Es un llamado desesperado el que hacemos, porque acudimos a todas las autoridades de los tres niveles de gobierno y nadie respondió a nuestra solicitud (...) Ya no hay agua porque ya no hay bosque”, lamentó.
Aclaró que hace algunos meses fue desplegado en la zona un grupo de la Guardia Nacional y que, en los 20 días que estuvieron los agentes, se inhibió considerablemente el ilícito.
Reconoció que temen por su vida, porque son 600 ejidatarios y cerca de 2 mil habitantes en las 17 delegaciones de la zona, y que aunque no están armados, están dispuestos a pelear por el bosque contra grupos delictivos que sí portan armas de fuego y que ya han amenazado a habitantes.
“Nosotros no hemos recibido apoyos de los gobiernos federal, estatal o municipal. Siempre hemos reportado el problema de la tala a las dependencias oficiales; sin embargo, todos hicieron caso omiso”, expresó.
Pese a que los ejidatarios realizan jornadas de reforestación de hasta 300 mil árboles con apoyo de la Protectora de Bosque mexiquense, las amenazas de los talamontes crecen: les han quemado camionetas y maquinaria pesada cuando intentan impedir el tránsito de los camiones con madera ilegal.
“Presumimos complicidad de los taladores con los gobiernos o autoridades, porque no es posible que haya tanto reporte y denuncias ante la Fiscalía General de Justicia y hasta en la federación, y nadie investiga ni responde a la exigencia”, apuntó.
