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El artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos además de inconstitucional, parece hecho a la medida para invasores inmobiliarios, paracaidistas y, sobre todo, delincuencia organizada, pues les da vía libre para que despojen de vivienda bajo el amparo de la ley, denunció el abogado Ignacio Morales Lechuga.
“No entiendo cómo los diputados locales argumentan que es para ayudar a los necesitados cuando en realidad van en su contra, pues esto acabará con la renta de vivienda ante el peligro de que no le sea regresada a sus propietarios, mientras que los constructores optarán por no ofrecer vivienda, porque ahora el deudor, el invasor, está protegido”, dejó en claro en entrevista con EL UNIVERSAL.
El extitular de las procuradurías generales de la República y del extinto Distrito Federal, destacó que “suena a burla” que una ley tenga el adjetivo Constitucional cuando va en contra de la Carta Magna, “pues el artículo por sí mismo es contradictorio, donde los dueños de un inmueble son perjudicados con la falsa promesa de defender a los necesitados”.
Explicó que dicha ley permite que en la Ciudad de México, ante el incumplimiento de un arrendatario o una invasión, no se ejecute el desalojo legal de la propiedad rentada y, lo que es peor, cualquier consecuencia de este acto corra a cargo del propietario inmobiliario, quien está obligado a proteger al que le dejó de pagar la renta por años o bien, que se metió al inmueble y ahora, con el amparo de la ley, el dueño está obligado a buscarle un lugar para vivir.
Contra los abusos
Morales Lechuga aclaró no estar en contra de que se ayude al necesitado, “pero no estoy de acuerdo con los abusos de esta ley, pues si bien es obligación del Estado velar por la seguridad de los ciudadanos, porque no dan lo necesario al Instituto de Vivienda [Invi], para que construya viviendas y utilicen los inmuebles para dar cabida a los desalojados que por años no pagaron renta, luz, agua y demás gastos que genera el mantenimiento de una casa”, dijo.
Manifestó que un gobierno que dice promover los derechos humanos destruye otros igualmente fundamentales, como el derecho a la propiedad para entronizar los privilegios de un grupo. “Se abre la puerta de la permisividad o la agresión contra el dueño de un inmueble”.
Explicó que lo mismo pasa con el constructor, que invierte recursos para obtener una utilidad lícita, paga impuestos y pertenece a la mayoría silenciosa de la población que trabaja para mejorar su situación económica.
Consideró que esta ley equivale a extender un permiso para ocupar, invadir o no pagar renta en cualquier edificio de propiedad privada.
Dijo que hay un millón de viviendas bajo arrendamiento que están en riesgo con dicha legislación.