metropoli@eluniversal.com.mx
Con el propósito de acabar con el “cártel inmobiliario” en la Ciudad de México, los alcaldes de Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, Layda Sansores San Román y Víctor Hugo Romo Guerra, respectivamente, presentaron al Congreso local una iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Urbano, el Código Penal y la Ley de Extinción de Dominio.
En conferencia, explicaron que “es necesario poner un hasta aquí, pues es una constante que los desarrolladores hagan lo que quieran en sus construcciones, violando sellos, no respetando clausuras, levantan obras como se les antoja”.
Revelaron que por esta situación actualmente están suspendidas 241 construcciones: 171 en Álvaro Obregón y 70 en Miguel Hidalgo.
Por ello, anunciaron el incremento de penas de 5 a 12 años de prisión y multas de mil a 2 mil días de salario mínimo (actualmente el castigo es de dos a siete años de cárcel y una multa de 100 a 500 días de salario), además de que para la obra procederá la extinción de dominio, cuando infrinja la Ley de Desarrollo, insistan en violar los sellos de clausura y falsifiquen documentos, entre otras irregularidades.
A la pregunta de por qué en su iniciativa no contemplan castigos a los funcionarios coludidos con este “cártel inmobiliario”, Sansores San Román aceptó que no se le ocurrió, “pero tienes razón, debimos hacerlo”, mientras que Romo Guerra guardó silencio.
Al recibir la iniciativa conjunta, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Jesús Martín del Campo Castañeda, resaltó el interés común de detener los abusos de desarrolladores que construyen violando normas y se mantienen en la impunidad, escudándose en algunos recovecos de la ley vigente.
Romo Guerra precisó que en el caso de la Ley de Extinción de Dominio será aplicada cuando haya clausura definitiva y a pesar de ello se construya un piso más, se continúen los trabajos o se concluya la construcción de la obra. En estos casos se deberá iniciar el proceso que marca la ley”, dijo.
De igual manera, piden castigo a quien insista en el quebrantamiento de sellos, pero el castigo será para el titular, propietario, poseedor, ocupante o responsable de una construcción, inmueble, anuncio o establecimiento mercantil, y no sólo a las personas trabajadoras que cometan materialmente la falta.
La alcaldesa destacó que la autoridad en muchos casos “se ha visto rebasada por este cártel inmobiliario”, que lo integran grandes desarrolladores asesorados por despachos de abogados, por la ausencia de un tipo penal que castigue severamente el incumplimiento y violación de las leyes.
Con base en las nuevas atribuciones que tienen los alcaldes de presentar iniciativas al Congreso local, destacaron la necesidad de establecer condiciones y adecuaciones que tienen como meta mejorar la vida de los capitalinos, evitar la discrecionalidad en la vigilancia del ordenamiento territorial, tanto en obras como en establecimientos mercantiles y asegurar el cumplimiento a la garantía de seguridad jurídica de los particulares.
“Vamos a darle dientes a la autoridad y obligar a los particulares a apegarse a las leyes y reglamentos. Estas prácticas son como un robo a la Nación, cuando alguien construye a más altura, hace uso del espacio aéreo, algo que nos pertenece a todos”, dijo Romo Guerra.
