El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez, reenvió al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para castigar con hasta tres años de cárcel a las personas que instalen chelerías en la vía pública, tianguis o mercados.
En marzo pasado presentó esta iniciativa, pero la misma permaneció “congelada” y nunca se dictaminó, por lo que ahora la volvió a enviar y confió en que ahora sí esta Tercera Legislatura le entre a este tema.
“Confío y le hago un llamado a las diputadas y a los diputados a que la revisen, la enriquezcan, que si quieren una mesa de trabajo con mucho gusto la hacemos con las comisiones que están involucradas al respecto… solicito a los presidentes, a los secretarios, e integrantes de esas comisiones a que vayan a cualquier calle de la Ciudad de México y vean como ya están los mercados. Confiamos en que los diputados lean nuestra iniciativa, está muy bien redactada, nosotros no le echamos paja, le echamos sustancia, una sustancia legislativa que le permita al Ejecutivo aplicar la ley y eso es lo que hicimos”, dijo a EL UNIVERSAL el alcalde de Coyoacán.
Esta iniciativa propone adicionar el Artículo 159 Bis al Código Penal local para considerar como un delito contra las personas la venta de micheladas.
Lee también ¿Por qué buscan reformar la ley contra chelerías en la CDMX? Estas serían las sanciones
Se propone una sanción de tres meses a tres años de prisión y una multa económica de 54 mil pesos a quien comercie, venda o suministre bebidas alcohólicas de baja o alta graduación en tianguis, vía pública, mercados móviles, a pie de camión, dentro de casas o departamentos; a quien lo haga en establecimientos que no cuenten con el permiso o aviso crrespondiente; y a cualquier personas que lo haga en un radio menor a dos kilómetros de distancia a cualquier centro educativo.
La pena se aumentará en una mitad si la venta se realiza a menores de edad. Y para quienes adulteren las bebidas alcohólicas se le impondrá de uno a nueve años de prisión, y este delito se perseguirá de oficio.
Giovani Gutiérrez dijo que es una “burla” que se castigue con 36 horas de arresto o trabajo comunitario a quienes vendan micheladas en las calles. “¿Tú crees que el padre de familia esté de acuerdo en qué en lugar de que el niño vaya a la escuela y se compre su lonche, se tome una chela y se quede ahí’ Entonces al ratito qué generaciones vamos a tener”.
En este sentido, dejó claro que respeta mucho la iniciativa enviada por el jefe de Gobierno, Martí Batres, que busca imponer estas sanciones administrativas, e invitó a los legisladores a hacer una propuesta en común que de verdad sirva para solucionar el tema de la venta de micheladas en la calle.
jf/cr