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El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Inti Muñoz Santini, aseguró que “falta mucho por avanzar en el ordenamiento de la publicidad exterior”, como la regularización de vallas y en materia de mobiliario urbano
Durante su comparecencia destacó que “falta hacer valer lo que la ley, las vallas publicitarias, lo que la ley indica en materia de mobiliario urbano con publicidad integrada para que se cumplan criterios que no existían en términos de distribución, distancia, equidad en el territorio y un beneficio obligado para el espacio público, así como también para otros servicios que presta la ciudad”, expuso Santini.
"Es una de las leyes más completas, efectivas"
Ante legisladores, expuso que la nueva ley de publicidad exterior es una de las leyes más completas, efectivas y que ha resultado eficaz en su aplicación.” Es una ley con dientes, como a veces se dice, es una ley que ya incluye definiciones en el Código Fiscal de la Ciudad de México; que implica pago de licencias y es una ley que al principio de su aplicación, un proceso que se está iniciando”, puntualizó.
También recordó que la ley fue combatida mediante 134 juicios de amparo promovidos por las empresas de la publicidad, “en estos procesos judiciales hemos obtenido sentencias favorables a la autoridad de la ciudad en prácticamente la totalidad de los casos. Con ello se logró que al final las empresas de la publicidad exterior cumplieran con la exacta aplicación en general de la ley de publicidad exterior”.
Acotó que a partir de la entrada en vigor de la citada ley, se presentaron 68 denuncias penales ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y que se logró el retiro de mil 298 anuncios que estaban en las azoteas, “lo cual significó la remoción de más de 120 mil cuadrados de lámina y materiales que obstruían el paisaje urbano y que representaban más de 7 mil toneladas de estructuras metálicas, peso adicionado y no calculado a los edificios de nuestra ciudad”.
Acotó que el 90% de estos anuncios espectaculares fueron retirados voluntariamente por sus dueños, “lo que implicó un ahorro de 268 millones de pesos para el gobierno capitalino y una garantía de seguridad y protección civil para decenas de miles de familias que tenían en las azoteas un grave riesgo para su integridad”
vcr
