- Afiliados al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) pidieron a los diputados del Congreso mexiquense una reunión para exponer las afectaciones que implica las recientes reformas a la ley aplicadas en el 2021, que reducen las pensiones e impactan en el pago a los familiares de derechohabientes fallecidos.
José Uribe, de la Asamblea Estatal en defensa de la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado de México y municipios informó sobre el documento que entregaron en el Congreso mexiquense, dirigido al presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Maurilio Hernández (Morena), quien recientemente dijo que estaría a favor de reunirse con los inconformes y escuchar sus posturas.
Recalcó que uno de los daños más evidentes es que "anteriormente se pagaban 500 días de salario que equivaldría a un promedio de 80 mil pesos a los familiares de derechohabientes fallecidos, pero con las reformas son menos de 60 mil pesos actualmente".
Lo anterior, derivado de los cambios aprobados el 30 de enero, en el que se modificó el artículo 70 de la Ley de Seguridad Social que establecía que el monto de las pensiones del sistema solidario se incrementaría en la misma proporción en que el Gobierno del Estado otorgará incrementos generales a los sueldos sujetos de cotización a sus servidores públicos en activo.
Sin embargo, ahora se actualizarán anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor y no podrán rebasar el tope máximo de 12 salarios mínimos.
En el caso del 133 que establecía que el monto del seguro por fallecimiento era fijado anualmente por el Consejo Directivo en el presupuesto de la institución y nunca sería menor a 500 salarios mínimos.
Ahora se definirá por el Consejo Directivo en el presupuesto de la institución, pero nunca será menor a 790.56 UMAS.
Por otra parte, reclamaron que el Instituto insiste en que la crisis financiera es aguda, pero no se ha demostrado, por lo que piden que haya claridad en estos asuntos y una auditoría inmediata, que derive en el juicio contra los responsables del quebranto financiero.
Resaltó que además, el servicio médico es deficiente , con un desabasto de medicamentos permanente, no hay consultas de especialidades, las agendadas se las han postergado por más de dos años con la justificación de la pandemia.
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