El Poder Judicial de la Ciudad de México advirtió sobre documentos apócrifos que realizan abogados en juicios civiles para despojar a las personas de sus bienes.
Alertaron sobre casos en los que abogados inician juicios ante los órganos jurisdiccionales civiles tendentes a despojar a las personas de sus bienes, y recordó que, por instrucción del magistrado Guerra Álvarez, de inmediato se pone al tanto a las autoridades correspondientes, a fin de que el afectado reivindique la propiedad.
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El juez 34 Civil, Juan Carlos López González, subrayó que en la actualidad los desalojos se ordenan sin “pisotear” los derechos humanos de ninguna de las partes, y en los casos en los que hay enfermos, adultos mayores o menores de edad en los inmuebles a desocupar, se solicita apoyo del DIF-CDMX.
Señalaron que todo desalojo implica un procedimiento jurisdiccional el cual inicia con una demanda, misma que debe ser notificada al arrendatario y contestada, por lo que si a una persona le llega un ordenamiento de desocupación de un inmueble sin estos antecedentes puede ser apócrifo.
El juzgador explicó que el desalojo ordenado por un juez es la ejecución de una sentencia en un juicio de arrendamiento inmobiliario, una vez que el proceso se llevó a cabo en todas sus etapas: presentación de la demanda, admisión de la misma, contestación, ofrecimiento de pruebas y desahogo de éstas.
“Si la persona a la que se pretende desalojar nunca fue notificada y por ello no tuvo opción de contestar, podría estar ante un acto ilegal y apócrifo”, insistió el juez López González.
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Respecto a los casos en los que abogados intentan despojar de sus inmuebles a las personas, el impartidor de justicia comentó que le correspondió conocer expedientes de un litigante que, además de cometer los mismos errores garrafales en todas sus demandas, lo hacía bajo los mismos argumentos no obstante que se trataba de inmuebles distintos.
EL UNIVERSAL ha dado a conocer casos en donde se utilizan documentos apócrifos, además de que, en algunos casos, las víctimas han denunciado que actuarios se ven inmiscuidos en estos actos delictivos.