Durante un año, la empresa Construcciones Emycon, S.A. de C.V. trabajó en la rehabilitación de Mexicali 45, en la Hipódromo Condesa, uno de los multifamiliares afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
De inicio, el ingeniero Iván Lira, propietario de la compañía, alertó a los funcionarios de gobierno que el proyecto ejecutivo era incorrecto, pues no tenía las medidas reales del edificio, por lo que el costo proyectado, valuado en 5.6 millones de pesos, iba a resultar insuficiente. El personal de la Comisión para la Reconstrucción se comprometió a actualizar los costos y pagárselos al término, recuerda.
Pero avanzó el tiempo y Lira tuvo que invertir su propio dinero. “Nos pidieron concluir sin pago, nos prometían que nos darían más obras para solventar los adeudos, pero nos negamos. Hemos acreditado que nos deben 2.1 millones por obra ejecutada y en lugar de pagar, nos demandaron penalmente”, cuenta.
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La demanda fue por robo y abuso de confianza, pero a más de un año la comisión a cargo de Jabnely Maldonado no ha ofrecido pruebas de su acusación, mientras que el constructor acreditó que el deudor era el gobierno local, explica Lira. Ahora, preparan la contrademanda.
La falta de pago a empresas que realizan trabajos para el Plan Integral para la Reconstrucción es una constante. Para esta investigación, se analizó la bitácora de pagos registrados en el Fideicomiso para la Reconstrucción, el mecanismo que alberga los recursos destinados a este fin, que fue obtenida vía transparencia. Los datos muestran que el gobierno local le adeuda a al menos 273 empresas que realizaron proyectos ejecutivos, estudios de mecánica de suelo, cimentación, rehabilitación y reconstrucción en viviendas unifamiliares y multifamiliares. Estos adeudos corresponden a viviendas terminadas.
Ante la falta de flujo de recursos, la obra de Mexicali 45 se estancó. A la empresa de Lira le rescindieron el contrato y le entregaron el inmueble a una segunda compañía a la que, según la bitácora de pagos, tampoco le finiquitaron.
Hay una tercera empresa que desde hace un año espera que se le entregue contrato y, al menos, un anticipo. Pero nada. Los registros muestran que la última vez que hubo dinero para avanzar en este inmueble fue en abril de 2022.
La bitácora de pagos del fideicomiso se contrastó con el estatus de cada vivienda, disponible en la página web de la comisión, que indica el estatus de las viviendas al 31 de agosto de este año. A partir de ese análisis se detectaron 34 multifamiliares “en proceso de obra”, cuyos avances han sido lentos; según la información oficial, la comisión dejó de gestionar los pagos a empresas que trabajaban en sus rehabilitaciones y reconstrucciones. En la mayoría los pagos no se han reactivado desde 2022, en otras desde 2021.
A la reconstrucción del edificio de Nicolás San Juan 304, por ejemplo, el gobierno dejó de inyectarle dinero desde marzo de 2022. Aunque hay una nueva empresa constructora laborando en el terreno, no hay pagos registrados oficialmente a ella, al menos hasta agosto de 2023.
Este panorama se ha vuelto cotidiano: construcciones semiabandonadas, pocos trabajadores y avances mínimos después de años de haber arrancado obra. Con el abandono financiero por parte de la comisión las obras se paralizan.
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La comisión —antes dirigida por el senador César Cravioto y Édgar Tungüí, vinculado a proceso por uso ilegal de atribuciones en la reconstrucción— tiene la función de coordinadora y ejecutora, según establece la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México. Es la encargada de pedir el dinero para las obras y, a través de oficios, solicita al fideicomiso pagar a las constructoras. Es la comisión la que define cómo y cuándo se realizan los pagos.
En entrevistas con los propietarios de 13 empresas que trabajaron en obras diversas de la reconstrucción se acreditaron adeudos que van de los 100 mil hasta los 12 millones de pesos por cada caso. El cese de los recursos, advierten, ha sido lo que ha impedido terminar las obras.
En una ficha de respuesta, la comisión sólo reconoció adeudos a 52 empresas. Afirman que para finiquitar una obra, la empresa supervisora debe avalar el avance de 100% y es necesaria un acta entrega-recepción. El monto que reconoce adeudar es de 27.5 millones. “Dichas solicitudes serán finiquitadas en próximos días con recursos provenientes del Fonaden”.
Una nueva vulneración
En el número 611 de Pestalozzi, en la colonia Narvarte Poniente, hay una barda de metal que cubre un terreno baldío. Donde hoy crecen árboles y maleza, habitaban 36 familias en un edificio de nueve niveles. Declarado como de “riesgo alto”, fue incluido en la promesa de reconstrucción del gobierno.
Pero han pasado seis años y la promesa está inconclusa. Dos propietarias, Ana Luisa Landavazo y Rebeca Villa, murieron sin ver la primera piedra de su hogar; la mayoría de los habitantes tienen más de 70 años. Por si fuera poco, el gobierno tiene una deuda calculada en 2.2 millones para con la empresa que hizo el proyecto ejecutivo, lo que ha agregado un riesgo a los damnificados: pueden ser demandados, confirmó el constructor.
Corporación de ingenieros y proyectistas, S.A. de C.V. tenía un tiempo de trabajo contratado por cinco meses. Sin embargo, Rafael González, propietario, asegura que las múltiples solicitudes de cambios y revisiones al proyecto por parte de la comisión terminaron alargando el trabajo hasta por tres años. “No sabemos si las revisiones eran para no pagar o para detener el proyecto. Los costos incrementaron, todo se acreditó y reconoció, pero la comisión no quiere pagar lo que nos adeuda”, explica. La empresa prepara una demanda contra los damnificados, pues el contrato se firmó con ellos, la comisión sólo aparece como testigo, sin responsabilidad de cumplir lo que prometió a las partes.
“Al principio habíamos perdido nuestro patrimonio, ahora estamos peor. Ahora vamos a tener una demanda”, dice Rosa Martínez, administradora y habitante.
Un mismo modus operandi
El mecanismo funciona así: el gobierno, a través de la comisión, contrata a empresas para las obras, pero sólo firma los contratos como testigo; promueve acuerdos empresas-damnificados. A la empresa le pide aportar su dinero ante los retrasos, siempre con la promesa de pagarles. Ésta asume los gastos hasta que le resulta inviable. Piden préstamos para pagar sus nóminas, reducen el personal en las obras y, finalmente, paran. En tanto, las viviendas prometidas a las personas damnificadas se quedan volando.
“Es un esquema criminal”, dice el ingeniero Édgar Juárez, propietario de la primera empresa que trabajó en Coquimbo 911, en Lindavista. A él, el Gobierno de la Ciudad le adeuda 6 millones por trabajos ejecutados y otros seis por material adquirido que no le reconocen: 12 millones en pérdidas. Su empresa Constructores y consultores asociados, S.A. de C.V. quebró. “Tuve que cambiar de casa, de escuela a mis hijos, vender pertenencias, empeñar otras y buscar trabajo después de 26 años como empresario”, lamenta.
Ante la falta de pago, su alternativa fue demandar a los damnificados. “No fue mala fe, no nos quedó de otra. Técnicamente es imposible demandar al gobierno”. La última comunicación que tuvieron con la comisión fue la invitación a una negociación, aún mantienen la esperanza de que el gobierno local cubra sus adeudos.
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¿Se acabó el dinero?
Vía Transparencia, el fideicomiso respondió que entre 2019 y agosto de este año ha tenido ingresos por 9 mil 40 millones de pesos. Según la información que tenía pública hasta hace unas semanas la comisión, la mayoría del dinero ya se usó en obras, apoyos para rentas y otros. Le quedan 242.9 millones.
En una respuesta pública de la PNT, el fideicomiso asegura que la reconstrucción tiene presupuestados 12 mil millones de pesos; no obstante, hay 3 mil millones que no han ingresado oficialmente al mecanismo. Se buscó conocer en donde está el recurso faltante, pero la Secretaría de Finanzas no respondió al cierre de esta edición.
Sin claridad del dinero disponible, el gobierno tiene 6 mil 940 viviendas por terminar. Se solicitó un posicionamiento de la Jefatura de Gobierno y sólo dijo que “se han tenido mesas de trabajo con ellos (constructores)”. Martí Batres aseguró que cumpliría al 100% con la promesa de reconstrucción que hizo Claudia Sheinbaum al inicio de su mandato.