Un mando de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), es acusado por cinco empleados de la misma dependencia de abuso sexual. Las víctimas y su defensa denuncian que que el imputado -quien ya tiene orden de aprehensión y actualmente esta prófugo- es protegido por sus superiores, y aseguran que se dice “consentido” de la fiscal, Ernestina Godoy Ramos.
El imputado, Ricardo Díaz Estrada, es responsable de Agencia con detenido de FGJ-CDMX, actualmente tiene una orden de aprehensión girada el 29 de agosto por el Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio, Roberto Enrique Castellanos del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, el segundo abordo de la Fiscalía de Homicidios de la Ciudad de México, es acusado por cinco mujeres de los delitos de acoso sexual agravado y abuso sexual agravado.
De acuerdo con el expediente CI-FIDS/FDS-6/UI-FDS-6-02/00653/08-20220 las cinco denuncias fueron interpuestas por dos servidoras públicas y tres pasantes de la institución, todas subordinadas de Diaz Estrada; “el 8 de febrero Ricardo comenzó a ingerir alcohol desde las 22:00 en la oficina y llamaba a diferentes compañeros incluyéndome para escuchar su plática y siendo aproximadamente las 04:00 horas, colocó su mano derecha sobre mi muslo al mismo tiempo que decía: quiero tocar tus chichis”, declara una de las víctimas de identidad reservada en la carpeta de investigación.
Sin embargo y a pesar del mandato judicial, el funcionario prófugo ha acudido en distintas ocasiones a oficinas del ISSSTE para tramitar incapacidades que respalden sus ausencias al trabajo, justificantes que también fueron entregados en las oficinas de la FGJ, donde fue validado, es decir; “le dieron permiso para fugarse”, narran las víctimas quienes también, acusan la falta de apoyo de la fiscal.
Las víctimas coinciden en sus declaraciones señalando que el mando de la Fiscalía les hacía tocamientos en sus partes íntimas frente a otros trabajadores, al mismo tiempo que les exigía sostener relaciones sexuales bajo la amenaza de cambiarlas a otras áreas lejanas de su domicilio, despedirlas o inventarles acusaciones ante la Fiscalía de Servidores Públicos.
Cecilia Navarrete, abogada de la víctimas, lamentó la dilación y la falta de perspectiva de género con la que los policías de investigación y el Ministerio Público encargados del caso arman esta carpeta de Investigación, “no han realizado las diligencias con perspectiva de género como lo exigen los protocolos para la investigación de estos delitos que se cometieron dentro de la propia fiscalía. No sabemos si es negligencia o machismo lo que los mueve”, sostuvo la abogada.
Incluso, abundó la litigante las víctimas han sido acosadas durante sus declaraciones con preguntas cómo cuántas parejas sexuales han tenido en su vida, hasta el solicitarles sus declaraciones patrimoniales, “estos datos no aportan nada para el esclarecimiento de los hechos, al contrario, se crea prejuicio ante las autoridades y demuestra la parcialidad y machismo por parte de la Fiscalía, parece que quieren encontrar algo en la víctimas que las haga desistirse de las denuncias”, acusó la abogada.
Navarrete Jiménez agregó que además de lo anterior no se han realizado diligencias básicas como llamar a declarar a los testigos, solicitar los videos de las oficinas donde se cometieron los ilícitos y ejecutar la orden de aprehensión, a pesar de contar con la información para llevarlas a cabo.
Este miércoles se llevará acabo la audiencia inicial en donde ahora será el juez Roberto Enríquez Castellanos quien determine el rumbo de este caso.
